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miércoles, 1 de febrero de 2017
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La DGT anuncia 15 medidas para reducir la siniestralidad en 2017
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Se archiva la causa del ébola al no quedar acreditado que se incumplieran protocolos
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha acordado el archivo provisional de la causa que investigaba la comisión de un posible delito contra la salud pública por parte de las autoridades sanitarias al no evitarse el contagio del ébola en el caso de una de las enfermeras del Hospital Carlos III de Madrid.
Así consta en un auto, en el que la magistrada cierra la investigación tras concluir que no resulta “debidamente acreditada la concurrencia de los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un delito contra la seguridad e higiene de los trabajadores”.
La denuncia que dio origen al procedimiento fue presentada por 15 médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz-Carlos III de Madrid. Tras abrirse diligencias de investigación en octubre de 2014, se sumaron al procedimiento otras denuncia de CSIF y del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE).
En la causa testificó la auxiliar de enfermería que superó el virus del ébola. Ante la juez, afirmó que no recibió formación específica en el Hospital Carlos III para evitar contagios durante su asistencia a los dos misioneros repatriados de África, algo a lo que se ofreció de forma voluntaria.
En el auto, la juez esgrime que no hubo delito, dado que para ello no es “suficiente el informe de la Inspección de Trabajo por cuanto ni siquiera hace referencia a la existencia de infracción normativa alguna”.
Además, señala que la premura y urgencia con la que se dio la información frente a casos del virus del ébola llevó a que “no se contara con registros del personal asistente”. Y añade que consta que fueron facilitados a los trabajadores los Equipos de Protección Individual, contando con las instrucciones necesarias.
Así, agrega que se les facilitó protección “por encima del nivel de seguridad recomendado en las instrucción dadas por el Ministerio de Sanidad”.
Igualmente, se apunta que a la vista del informe de Inspección de Trabajo se desconoce si “efectivamente se incumplieron los protocolos, no pudiéndose afirmar ni a la vista del referido informe ni de las demás actuaciones practicadas en la presente instrucción”.
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Osalan se interesa por el programa navarro de prevención de riesgos laborales en el sector forestal
La directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), María José Pérez, y el recientemente nombrado director general del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan), Alberto Alonso, mantuvieron un encuentro con objeto de conocer posibles áreas de colaboración entre ambas instituciones. En la reunión participaron, además, dos subdirectores de Osalan así como el jefe de servicio de Salud Laboral del ISPLN.
Durante el encuentro Osalan se ha interesado especialmente por el subprograma forestal del Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra, mostrando su interés por el consenso alcanzado entre diversos departamentos del Gobierno de Navarra (Servicio de Medio Ambiente, Guardería Forestal e ISPLN), la Inspección de Trabajo y las empresas madereras.
Asimismo, se han interesado por el papel asignado a la guardería forestal en el subprograma con objeto de comunicar al ISPLN los riesgos observados durante la tala y extracción de la madera y se han mostrado favorables a proponer la incorporación de Navarra en el grupo CANO, grupo que reúne a las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica para abordar la prevención en el sector primario, ha explicado en una nota el Ejecutivo foral.
Por su parte, el ISPLN se ha interesado por los sistemas de registro de daños y riesgos laborales que Osalan está desarrollando en la actualidad, así como por sus programas en el sector agrícola y ganadero.
El Subprograma de reducción de accidentes en el sector forestal está contemplado en el Plan de Acción de Salud Laboral para 2017-2020, recientemente aprobado por el Consejo Navarro de Salud Laboral.
Una de las principales medidas que recoge es que el personal del Guarderío Forestal, dependiente del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, realice visitas de control a los lugares en los que se realizan trabajos de extracción de madera, con el fin de detectar eventuales irregularidades, informar de ello a los organismos competentes en la materia y prevenir así los riesgos laborales.
De este modo, se pretende reducir la alta accidentabilidad del sector, incrementar el nivel de cumplimiento de la normativa vigente en la materia, e integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas.
Para poder llevar a cabo este cometido, el personal del Guarderío Forestal recibirá cursos de formación sobre identificación de los peligros de mayor gravedad de la actividad forestal y sobre el protocolo que deberán seguir en caso de observar actuaciones que puedan ser consideradas de riesgo en materia de prevención de riesgos laborales. Estos cursos se realizarán por comarcas y serán organizados por el Servicio de Salud Laboral del ISPLN.
Las visitas que efectúe dicho personal tendrán como objetivo, en todo caso, detectar irregularidades y ponerlas en conocimiento de los técnicos del ISLPN, así como de la Inspección de trabajo, quienes serán los encargados de realizar las inspecciones correspondientes.
Se contemplan, además, otras medidas, como la realización de un censo de empresas y trabajadores autónomos del sector, la divulgación y presentación del programa ante estas empresas y trabajadores, impulsar la constitución de un servicio de prevención mancomunado en este sector de actividad económica, elaboración de un mapa descriptivo sobre los agentes intervinientes y procedimientos de la extracción de madera forestal y de su situación en Navarra, así como de las condiciones de trabajo, o dotar de herramientas a las empresas para garantizar la presencia de los recursos preventivos en todas las explotaciones.
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Los agentes rurales de Cataluña llevarán arma y chaleco antibalas en las inspecciones de caza
Los agentes rurales llevarán un arma, chaleco antibalas y actuarán en grupos de tres personas en los controles y actuaciones en los servicios ordinarios de inspección y control de caza.
El homicidio de dos agentes rurales por parte de un cazador en Aspa (Lleida) durante una inspección de caza “ha hecho del todo necesario iniciar un proceso de revisión inmediata de las medidas de seguridad y los elementos de defensa personal en los procedimientos de trabajo del Cuerpo de Agentes Rurales.
Estas medidas de seguridad ya se utilizaban en los servicios específicos contra los cazadores furtivos, y ahora se extenderán a todas las inspecciones ordinarias de caza.
El nuevo protocolo se consensuó en una reunión extraordinaria del comité de seguridad y salud, que está formado por miembros de la dirección del Cuerpo de Agentes Rurales, la subdirección general de Recursos Humanos, Organización y Relaciones Laborales, y los delegados de prevención de los sindicatos.
Un grupo de expertos en seguridad asesorará ahora al Cuerpo sobre cuáles son los elementos concretos y más efectivos para reforzar y garantizar la máxima seguridad en las diferentes actuaciones que realizan en materia de conservación y protección del medio ambiente.
Esta nueva instrucción entrará en vigor este viernes y, mientras, se revisarán los procedimientos y se implantarán medidas correctoras para avanzar en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo del cuerpo.
Desde el sindicato CC.OO., Manel Vidal ha valorado este nuevo protocolo como un “apaño provisional” hasta que el departamento busque a expertos en seguridad que evalúen los riesgos del cuerpo y determinen qué tipo de armas o dispositivos de seguridad deben usar y en qué actuaciones.
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La medida del tiempo de ciclo
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Visita al oculista: Restauración de faros y pilotos
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