La Junta de Castilla y León se propone prevenir los accidentes tráfico vinculados al trabajo

La Consejería de Empleo, junto a la Dirección General de Tráfico y los agentes económicos y sociales de Castilla y León, llevarán a cabo durante el primer semestre de este año una campaña específica para prevenir accidentes de tráfico vinculados a la actividad laboral.

Lo ha anunciado este lunes el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, antes de participar en el Pleno del Consejo de Seguridad y Salud Laboral para coordinar las acciones en esta materia durante el año, con el fin de reducir al máximo el número de muertes por accidentes de tráfico que se producen durante el trabajo o también en el desplazamiento previo o posterior -accidentes in itinere-.

En este sentido, Fernández Carriedo ha advertido de que estas muertes se vieron incrementadas durante el pasado ejercicio -de 34 fallecidos en 2017 se pasó a 43 en 2018-, debido a accidentes de tráfico vinculados al trabajo, de ahí que se haya planteado una campaña dirigida a la prevención de los mismos.

El 25,5% de los accidentes mortales en el trabajo se produjeron como consecuencia de accidentes de tráfico, mientras que el 48% de la siniestralidad laboral fue a causa de accidentes no traumáticos -infartos- que se derivan “del estrés que se vive en determinados ámbitos laborales”, ha indicado el consejero.

En el caso de los accidentes de tráfico “en muchos casos son fruto de la presión que se ejerce sobre los empleados, al aplicar poca flexibilidad en las entradas y salidas de los centros de trabajo, al llamar al móvil mientras conducen o, en el caso de los transportes, al imponer un tiempo para cubrir las entregas”.

Son situaciones que “se pueden evitar”, mejorando esa flexibilidad horaria, evitando las penalizaciones en las entregas con los transportes o mejorando la organización en los desplazamientos en trabajos técnicos a domicilio, visitas de trabajo o reuniones”.

Para cumplir con ese objetivo, durante el mes de mayo, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una campaña divulgativa en toda la comunidad, a la que se añadirán cursos a través del programa “Universitas”; labores de difusión en centros educativos o la creación de un sello de calidad en materia preventiva, entre otras acciones.

Las mismas se enmarcan en el V Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2016/19 para el que la Junta de Castilla y León ha destinado más de 17 millones en el ámbito de políticas de Seguridad y Salud Laboral en la comunidad, a los que se añaden más de 6 millones de euros aprobados en el Consejo de Diálogo Social.

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El 70% de las Kellys tiene que automedicarse para soportar la carga de trabajo

Lesiones en las cervicales, dolor lumbar, hernia discal, depresión o estrés son algunas de las enfermedades que afectan a las limpiadoras de hoteles o camareras de piso, como se las denomina.

Entre las reivindicaciones de las trabajadoras de este sector figuran la inclusión de las enfermedades derivadas de su trabajo en el cuadro de patologías profesionales. En los hoteles trabajan unas 400.000 personas, de las cuáles un 35% son limpiadoras, según datos presentados por CCOO. El 70% de las Kellys consume fármacos habitualmente para combatir los dolores sin prescripción médica, según un análisis presentado por el área de Salud Laboral del sindicato.

El estudio –tras 15 entrevistas en profundidad en distintas ciudades españolas y seis grupos de trabajo formados por personal del sector– revela un escenario desalentador para las limpiadoras, las cuáles limpian una media de 20 habitaciones al día. Los fármacos más consumidos son los relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios y ansiolíticos. “Tomar ciertos medicamentos nos lleva al consumo de otros para paliar los efectos de los primeros, como tomar protectores de estómago antes de un ansiolítico”, explica Carla (nombre ficticio), limpiadora de hotel externalizada. Añade que, en su caso, “sin pastillas no podría trabajar” y cuenta que padece ansiedad y síndrome del túnel carpiano.

Entre las causas del consumo de medicamentos se encuentra el “aumento del ritmo de trabajo”, que, en ocasiones les impide realizar descansos. El exceso de peso también afecta a su salud: “el peso de los carros o mover camas cada vez más grandes derivan en lesiones”, recoge el estudio.

La falta de estudios de riesgos ergonómicos o la ausencia de equipos de protección individuales adecuados en los centros de trabajo también son causas del consumo de fármacos entre las trabajadoras, según el análisis de CCOO. “La mayoría de camareras de piso trabajan solas y sufren estrés”, precisa José María Martínez, responsable de Servicios en el sindicato. 

El estudio se detiene en una serie de problemas que se incrementan en el caso de las camareras de piso que no forman parte de la plantilla fija del hotel. La externalización del servicio “supone reducción de los salarios, inestabilidad laboral, alta rotación y una mayor carga de trabajo”, subraya el análisis. Como consecuencia de ello, las Kellys externalizadas sufren más enfermedades. 

“La incapacidad temporal en una empresa multiservicio es complicada de conseguir”, lamenta. Estuvo una vez de baja por ejercer sobreesfuerzo y “el cuerpo me pidió un parón”. Reconoce automedicarse y tomar pastillas durante el día para poder trabajar, aun así “cuando llego a casa por la noche me tomo relajantes musculares para descansar. Sufro dolor agudo en todo el cuerpo y aunque ahora no esté trabajando, me he tomado esta mañana un diclofenaco”.

“Estamos de baja durante un largo período, el tribunal médico nos incapacita para realizar nuestra profesión habitual y acabamos cobrando una miseria, nos apartan del mundo laboral y no ejercemos más como camareras de piso. Esto podría solucionarse mucho antes si nos dieran asistencia a través de las mutuas”, precisa la limpiadora de la cadena Meliá. Algo parecido le ocurre a Mónica, camarera de piso en plantilla de la cadena Vincci. Afirma que nunca ha visto a ninguna de sus compañeras darse de baja médica: “yo tampoco, la dirección del hotel no lo ve con buenos ojos”. 

Mónica padece una lesión en las manos: “aún no sé el diagnóstico pero sé que me voy deteriorando con los años. No tenemos la misma fuerza ni la misma energía que cuando comenzamos a trabajar hace 10 o 15 años. Nos medicamos para poder acabar el trabajo del día”, sostiene.

 

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La EMT mintió sobre los kilos de amianto retirados en las cocheras de Fuencarral

La Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente sancionador contra la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tras detectar irregularidades en la acreditación documental de la retirada de amianto en las cocheras de Fuencarral, en noviembre de 2017.

Según ha comprobado la Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, dependiente de la Comunidad de Madrid, la empresa pública que preside Inés Sabanés (Ahora Madrid) presentó documentos contradictorios acerca de cómo se deshizo del peligroso material, donde consta un baile de cifras de la cantidad eliminada de hasta 600 kilos de diferencia. Tampoco coinciden las fechas del traslado. Como figura en el expediente, los hechos son constitutivos de una infracción grave prevista en el artículo 46.3. d. De la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. Podría acarrear una multa de hasta 300.000 euros.

Este procedimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se lleva a cabo tras la denuncia que interpuso la sección sindical CSIT Unión Profesional (CSIT-UP) el 20 de noviembre de 2017 «por incorrecta gestión del fibrocemento». Los hechos se remontan al día 7 de ese mes. La empresa Elecnor S.A. había sido contratada para realizar labores de acondicionamiento y mejora en las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral de la EMT, situado en la calle Mauricio Legendre, 42.

Aquel día se estaba actuando sobre una cubierta de los talleres de las cocheras y cortaron el techo. Cuando se secciona la uralita, las fibras que se desprenden son altamente cancerígenas y, en ese momento, 322 personas, según el sindicato, estaban en la zona y pudieron inhalar el amianto. A día de hoy, tienen que seguir con controles médicos cada cuatro años para saber si su sistema respiratorio tiene este «veneno». Desde la EMT negaron en abril que lo hubieran respirado porque, como manifestó el gerente, Álvaro Fernández Heredia en comisión, procedieron a cerrar las instalaciones

La presunta imprudencia no quedó ahí. Los operarios externos tiraron una plancha de asbesto rota en un contenedor del centro. Un trabajador de la EMT se encontró el amianto en el cubo y avisó al departamento de salud laboral de CSIT-UP. El sindicato alertó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. Cuando los agentes ambientales acudieron ya no estaba el residuo. Sin embargo, tal y como se relata en el expediente sancionador, el 4 de diciembre de 2017 el Seprona constató que se había generado fibrocemento en las obras de la EMT y reseñaron algunas irregularidades cometidas en cuanto a la acreditación de su gestión.

El 14 de febrero de 2018 se emitió informe por el Área de Planificación y Gestión de Residuos detallando algunas incongruencias en la documentación aportada por la EMT para justificar el procedimiento. El ente dependiente del Ayuntamiento de Manuela Carmena entregó durante la inspección la solicitud de admisión, documento de aceptación, contrato de tratamiento de residuos y el documento de control y seguimiento.

En este último papel, se especificaba una cantidad retirada de 722 kilos. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2017 se presentó en la Consejería de Medio Ambiente un formulario sobre la notificación previa del traslado para que el transporte se llevara a cabo el 16 de noviembre de aquel año; ahí señalaban 100 kilos.

Además, existen datos contradictorios en los apuntes sobre el acondicionamiento del amianto transportado. En el albarán de retirada, con fecha del transporte 16 de noviembre de 2017, figuran 722 kilos; en otro albarán de retirada con la misma fecha aparecen como 100 kilos; en la carta de porte para el transporte se detallan como mercancías peligrosas 600 kilos de «residuo amianto». El Gobierno regional también destaca que en el documento del contrato de tratamiento de residuos figuraba la fecha 17 de noviembre de 2017, un día después del porte.

Como argumentación ante las deficiencias, la empresa municipal de transportes presentó nueva documentación al requerimiento autonómico el 26 de febrero de 2018, pero a juicio de la Consejería «no justifica la correcta gestión del residuo peligroso», según informe del 27 de abril de 2018. Una de las conclusiones que emite el órgano regional es que la cantidad reflejada en la notificación previa de traslado (100 kilos) «es manifiestamente diferente a la cantidad que figura en el documento de control».

La EMT justificó el desfase de fechas en el hecho de que el traslado se realizó el 17 de noviembre de 2017, pero que «por error administrativo» la entrada se grabó el 16. Por lo tanto, dice la Consejería de Medio Ambiente, «el contrato de tratamiento, el documento de aceptación y la solicitud de admisión» tendrían una fecha posterior, el 17, al porte realizado, lo que incumple el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en España. Además, zanja la Comunidad, «se desconocen las condiciones de almacenamiento del residuo dentro del camión y la localización» del mismo esos días.

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Más de 300 personas asisten a la jornada que umivale organiza en Valencia sobre novedades socio laborales

Más de trescientas personas han asistido a la jornada que la mutua umivale ha organizado en Valencia para abordar y despejar dudas sobre las novedades normativas en el orden socio laboral que ha traído consigo el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre y en vigor desde el 1 de enero de 2019.

La mutua ha contado como ponente con Bernardo Castelló, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón.  

La jornada, que ha sido presentada por el director territorial de umivale en Valencia, Jorge Granell, se ha celebrado en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación  de la Universitat de València.

Durante el encuentro se han abordado, entre otros, los cambios en las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, las nuevas tarifas para la cotización por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, los cambios en el incentivo a la reducción de siniestralidad (Bonus) y de las colaboradoras en ITCC, las conocidas como auto aseguradoras.

Respecto a los trabajadores autónomos, Bernardo Castelló ha explicado las modificaciones y los beneficios en la cotización de los trabajadores por cuenta propia, cuya base mínima se incrementa un 1’25%. Con la nueva normativa este colectivo tiene la obligación de cotizar por todas las contingencias por lo que también tendrán cobertura en caso de accidente laboral y enfermedad profesional.

Asimismo ha analizado la cotización y la acción protectora en el sistema especial de empleados de hogar, la supresión de la modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad Social o la modificación de la acción protectora.

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Laboralia incrementa ya un 48% la oferta expositiva de su próxima edición

Buenas perspectivas para Laboralia 2019. El Certamen Integral de Prevención y Seguridad Laboral de Feria Valencia celebrará su próxima edición del 27 al 28 de marzo con un sustancial incremento de su oferta comercial expositiva, que ha crecido hasta un 48% respecto a la última edición de 2017. En este sentido, la bienal ha alcanzado ya las cuarenta empresas y entidades expositoras a falta aún de más de un mes para su celebración por lo que la organización confía en alcanzar el medio centenar de expositores.

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La Fiscalía cita a los operarios de Metro con asbestosis

La Fiscalía ha citado a los trabajadores de Metro afectados de asbestosis, enfermedad laboral originada por la manipulación del amianto, así como a los familiares de otros dos operarios con la dolencia reconocida y que fallecieron a causa de la misma. La Inspección de Trabajo investiga a Metro por negligencias con el amianto desde octubre de 2017: considera que no se protegió a los trabajadores y propuso una sanción de 191.000 euros a la empresa pública. Además, en marzo del año pasado, la Fiscalía Provincial abrió diligencias penales. Es decir, que un juez investiga si en la crisis del amianto de Metro se ha cometido un delito.

Los trabajadores afectados por asbestosis tendrán que describir en su declaración las condiciones en las que trabajaban con el amianto. Específicamente sobre la relación con su salud y la prevención de riesgos por parte de la compañía. Actualmente hay cuatro casos reconocidos. La Fiscalía quiere escuchar las historias de todos ellos: aunque dos de los trabajadores han fallecido por la enfermedad, sus familiares han sido citados.

Aunque Metro sabe desde al menos 1991 que en su red hay amianto, nunca puso las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores, en base al testimonio de estos. Tampoco les informó sobre la presencia del material hasta 2017 o de sus posibles riesgos aunque desde 1984 las empresas que usasen el material estaban obligadas a ello.

La Inspección, que también participó en la comisión de investigación, considera que Metro no tomó las medidas suficientes para evitar la exposición al amianto de su plantilla. Razón que inició el expedeinte en octubre de 2017: desde entonces se han cursado más de 30 requerimientos y al menos cuatro actas de infracción. Esta última figura se utiliza cuando hay indicios de incumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales. La Inspección también ha propuesto una sanción de 191.000 euros.

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La justicia califica de accidente laboral el asesinato del jefe de su esposa

La justicia ha calificado como accidente laboral el asesinato de un trabajador autónomo a manos del marido de su empleada, que actuó al sospechar que existía una relación sentimental entre ambos.

La sentencia, dictada el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, asevera que el hecho de que concurra una culpabilidad civil o criminal en los hechos no impiden su consideración como accidente laboral. Lo determinante, según la ley, es que el suceso esté vinculado con el trabajo. Y, en este caso, tal y como establecen los magistrados, que la esposa del autor del crimen fuera empleada del difunto “indica que la acción criminal guarda relación con el trabajo”.

El suceso tuvo lugar en mayo de 2015. El autor de los hechos, quien decía tener la certeza de que su mujer y su jefe mantenían una relación sentimental, se dirigió en su furgoneta a primera hora de la mañana al lugar donde el fallecido se encontraba trabajando, un semillero en Campohermoso, un pequeño pueblo de Níjar, en la provincia de Almería. El agresor entró en las instalaciones, donde también se encontraba el hijo del difunto, y le disparó tras una conversación causando su muerte.

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