domingo, 10 de noviembre de 2019

Unión de Mutuas recibe el distintivo de Embajadores de la Excelencia Europea 2019

Grupo Embajador Excelencia

El Club de Excelencia en Gestión, CEG, ha concedido, por segundo año consecutivo a Unión de Mutuas el reconocimiento “Embajador de la Excelencia Europea 2019”, por su inequívoco compromiso con la gestión excelente, la innovación y la sostenibilidad.

Silvina López, adjunta a la dirección territorial de Unión de Mutuas, ha recogido, en Madrid,  el distintivo de manos de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, acompañada por el Presidente del Club Excelencia en Gestión, Alberto Durán, y por Russell Longmuir, CEO de la EFQM.

Unión de Mutuas ha recibido este reconocimiento, junto a otras 15 organizaciones españolas que tienen vigente un Sello EFQM 500+ con una puntuación superior a los 600 puntos, que  “destacan por llevar a cabo una gestión excelente, innovadora y sostenible”, y están en “niveles de competición europea”,  según el CEG.

La directora adjunta de Unión de Mutuas, Teresa Blasco, ha destacado que ser acreedora del título de Embajadores de Excelencia Europea, “nos sitúa como una de las empresas europeas líderes en excelencia, un camino por el que vamos a  seguir trabajando en la búsqueda de la mejora continua, la calidad asistencial, la excelencia de los servicios que prestamos, el buen gobierno, el compromiso ético y responsable, siempre con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de las empresas mutualistas, los trabajadores protegidos y todos nuestros grupos de interés”.

Desde 2001, Unión de Mutuas tiene implantado el modelo de excelencia EFQM, de acuerdo con la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.  Desde entonces viene impulsando la excelencia, la autoevaluación y la mejora continua de forma clara y comprometida en la organización.  Así, en 2011 obtuvo el primer sello 500+, que revalidó en las posteriores evaluaciones de 2013 y 2015.

En 2017, en reconocimiento al avance en el camino de la excelencia y tras la exigente evaluación externa llevada a cabo por el CEG,  la mutua  obtuvo un nuevo hito, con la renovación del sello EFQM 500+ superando la barrera de los 600 puntos.

Durante la celebración del evento, ha tenido lugar la presentación oficial en España del Modelo EFQM 2020, un marco de gestión integral y estratégico que ayuda a las empresas a optimizar sus capacidades para mejorar su funcionamiento actual y prepararse para el futuro.

Se trata de una reinvención del Modelo EFQM que lleva más de 25 años de recorrido y que en España está promovido por el Club Excelencia en Gestión. Esta nueva versión amplía su ámbito de actuación dirigiéndose a distintas organizaciones, independientemente de su tamaño, sector, complejidad, realidad y geografía. Tiene entre sus funciones potenciar la transformación constante, tanto a nivel tecnológico como cultural y de modelo de negocio para hacer frente a los retos globales que están trayendo la digitalización y las TIC.

En este sentido, el Secretario General y CEO del Club Excelencia en Gestión, Ignacio Babé, ha explicado que “Nuestros nuevos Embajadores de la Excelencia Europea 2019 son la mejor muestra del valor que puede llegar a generar un Modelo de gestión como el de la EFQM, que recientemente hemos reinventado. El nuevo Modelo EFQM 2020 ha sido ideado para funcionar como marco de gestión integral y estratégica que ayude a las empresas a transformarse con agilidad, a adaptarse rápidamente a los cambios que acontecen sea cual sea su envergadura o su sector. Pero también a mejorar sus capacidades y a que se conozcan mejor a sí mismas a través de análisis objetivos, rigurosos y estructurados de su funcionamiento”.

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UGT crea un cómic para concienciar a los jóvenes de la cultura de prevención de riesgos laborales

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La secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT ha creado el cómic ‘Prevención de riesgos laborales para jóvenes’ con la intención de aumentar la concienciación y fomentar la cultura preventiva en el colectivo de los trabajadores jóvenes.

Con esta publicación, según ha señalado el sindicato en un comunicado, se pretende reflejar “una de las principales problemáticas de las personas jóvenes y ayudarles y asesorarles para tratar de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. 

“La empresa debe cuidar, proteger y garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores y acabar con esta lacra que afecta, en gran medida, a las personas jóvenes de nuestro país”, ha remarcado la organización sindical.

UGT ha recordado que durante el año pasado un total de 52 trabajadores de entre 16 y 29 años fallecieron por accidente laboral. “Los cambios en el mercado laboral y la organización del trabajo han flexibilizado el tiempo de trabajo y las condiciones de estabilidad de los trabajadores más jóvenes, lo que repercute en peores indicadores de seguridad y bienestar físico y mental”, ha denunciado el sindicato.

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Iniciada en Madrid la tramitación de una nueva Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias

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La Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de la tramitación de la futura Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la región, un nuevo marco jurídico con el que -en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112- se pretende sentar las bases de las actuaciones de los organismos e instituciones en el ámbito de la protección civil y las emergencias.

Tal y como ha indicado el vicepresidente Ignacio Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, está previsto que la Ley entre en vigor a lo largo de 2020 tras su aprobación en la Asamblea de Madrid, sede a la que será llevada después de que el Consejo de Gobierno haya conocido este martes un informe elaborado por la Consejería de Justicia, Interior y Victimas sobre el nuevo texto legal.

El documento explica que la norma permitirá estructurar un nuevo sistema autonómico integral de protección civil, establecerá los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y definirá las actuaciones ante los riesgos y las emergencias, y su aprobación hará que por primera vez la Comunidad de Madrid cuente con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios del ámbito de la Protección Civil y Emergencias. Hasta ahora esta actividad se regía por una norma de ámbito estatal.

Entre las novedades que incluirá la nueva ley se encuentra la de regular la posibilidad de que la Comunidad pueda personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios intencionados en la región. Con esta decisión, el Ejecutivo madrileño quiere poner uno de los focos en los pirómanos, que ponen en peligro “la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente”.

Además, la Ley pretende mejorar el régimen disciplinario interno de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de clarificar su actuación y la cadena de mando de este personal en los dispositivos de emergencias que se pongan en marcha en el futuro. Se mejorará la eficacia y la eficiencia de estos operativos.

El nuevo texto profundizará también en la normativa relativa a la auto-protección y prevención ante posibles desastres, concretando un régimen sancionador contra personas y entidades que lleven a cabo actuaciones negligentes y provoquen un daño al patrimonio natural o a las personas. Se ampliaría el umbral de seguridad y garantía de la sociedad frente a actuaciones negligentes.

Asimismo, se planteará una reorganización de los centros de emergencia, dotando a los operadores del 112 de herramientas que mejoren su labor y faciliten su profesionalización. Se trata de crear un cuerpo propio de gestores de emergencias y que la Comunidad de Madrid establezca, vía ley, una escala de mando, una escala operativa y una categorización como funcionarios agentes de la autoridad de estos profesionales.

Por último, se plantea una mejora de la organización de los servicios de bomberos y una definición más clara de las competencias regionales y municipales en materia de protección civil, rescate y salvamento.

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miércoles, 6 de noviembre de 2019

CCOO alerta de que las trabajadoras de residencias de ancianos consumen habitualmente fármacos para paliar el estrés

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El responsable de Salud Laboral Confederación Sindical de CCOO, José Roríguez Valdés, ha informado de que han elaborado un estudio del consumo de medicamentos, realizando entrevistas con las trabajadoras del sector de residencias de la tercera edad de 10 comunidades autónomas en la que se ha detectado que habitualmente consumen fármacos para paliar el estrés.

La realidad de este sector feminizado son cargas de trabajo “enormes” y con una también “enorme” presión de tiempos lo que genera que “prácticamente la totalidad de las trabajadoras presenten dolores en numerosas partes de su cuerpo”.

Esas cargas de trabajo son consecuencia de unas ratios “insuficientes” que contemplan un máximo de dos gerocultoras por cada 10 usuarios. “Para paliar esta situación utilizan analgésicos o antinflamatorios para tratar por medio de fármacos los síntomas de los problemas pero no se atajan”, ha puntualizado Valdés.

En Aragón, 10.000 personas trabajan en el sector de la dependencia, un colectivo que, por estas circunstancias, presenta un “elevado” consumo de fármacos y psicofármacos para paliar sus dolores musculares y rebajar su nivel de ansiedad, ha expuesto el sindicato CCOO en una nota de prensa.

Para combatirlo se ha presentado la campaña ‘Tus derechos, la mejor medicina’. Una iniciativa que recoge las conclusiones de nueve grupos de discusión y 24 entrevistas en profundidad realizadas en nueve ciudades españolas entre personal del sector: gerocultoras, limpiadoras, enfermeras, personal de Medicina del trabajo y Atención, Servicios de prevención, representantes sindicales. En cuanto a las formas de consumo, la campaña revela que se trata de un “policonsumo” ya que unos medicamentos, lleva al consumo de otros para paliar los efectos de los primeros. Los grupos de discusión y las entrevistas han revelado también que, en la mayor parte de los casos, analgésicos y antiinflamatorios “no son recetados por un profesional sino que funciona mucho el boca a boca”, han alertado. Para CCOO es “imprescindible” que se evalúen adecuadamente los riesgos a los que están sometidas estas trabajadoras, que se mejore significativamente la vigilancia preventiva de la salud y que se garantice una formación adecuada para cada puesto de trabajo, cubriendo aspectos técnicos y relacionales en las residencias.

La responsable de la Federación Estatal de servicios sociosanitarios de CCOO, Irene Álvarez, ha apostado por ir a la prevención real en las empresas. “Nos hemos centrado en analizar y detectar el riesgo ergonómico y el psicosocial. Exigimos medidas preventivas que se adapten a las personas y gracias a la participación de los trabajadores, estas medidas pueden ser eficaces”. CCOO ha asegurado que hay que mejorar las condiciones de trabajo para que cumplan con los convenios del sector, pliegos de condiciones en las Comunidades autónomas y Ayuntamientos que se ajusten a valor real del servicio a prestar, además de una mejora de las condiciones salariales. “Son condiciones indispensables para conseguir que este sector, en plena expansión, no se vea abocado al regreso a tiempos pretéritos donde el derecho actual entonces era una dádiva”.

Para este sindicato es fundamental el incremento de la financiación por parte de la Administración del Estado para equilibrar la financiación con las Comunidades Autónomas, que hoy podría superar el 80 por ciento; mientras que, por el contrario, el Estado no llegar al 20 por ciento de la aportación total.

Una trabajadora y delegada sindical de una residencia de personas mayores de Aragón, que ha preferido guardar su anonimato, ha relatado como es su día a día. “Llevo 30 años trabajando en la misma empresa. Mi día a día es una carrera de fondo. No existe una organización del trabajo, no puedes coger la baja porque te despiden y muchas de nosotras tenemos que tomar medicación”. La trabajadora también ha criticado las presiones de la dirección para que no pueda ejercer su labor como representante de sus compañeros de trabajo. “A mí, la dirección me ve como un problema. No puedo reunirme con mis compañeros y muchas veces tienen que llamarme por teléfono para evitar represalias”.

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CROEM y Aspramur se unen para promocionar el cumplimiento de la seguridad y la salud laboral

Las pymes podrán mejorar su seguridad laboral con ayudas públicas

CROEM y la organización empresarial Aspramur, integrada en la confederación y que representa a determinados servicios de prevención de riesgos laborales acreditados por la autoridad laboral de la Región de Murcia, unen fuerzas con el objetivo de sensibilizar al empresariado murciano sobre la importancia que tiene la seguridad y la salud en el trabajo como factores básicos de competitividad del sistema económico, y de la sociedad en su conjunto.

Para ello, han incorporado en dicho acuerdo el desarrollo de iniciativas de interés para promocionar el correcto cumplimiento de la normativa preventiva por parte de las empresas, independientemente del sector de actividad del que se trate, contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral a través de acciones de información y difusión en materia de seguridad y salud laboral. 

También, concienciar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales y de su implantación en los sistemas de gestión de las empresas, y coordinar la organización de cursos formativos específicos de reciclaje para técnicos de prevención de riesgos laborales de los servicios de prevención integrados en Aspramur.

Desde ahora existirá una colaboración mutua en la organización de jornadas técnicas informativas, seminarios, y eventos que los propios servicios de prevención integrados en la asociación demanden como prioritarios, así como en la difusión de aquellas actividades, acciones o publicaciones de interés que ambas organizaciones lleven a cabo en el ámbito de la prevención de riesgos laborales entre otras acciones que se consideren prioritarias.

Con la firma de este convenio, se pone de manifiesto una vez más el compromiso continuo que mantienen las organizaciones empresariales con la implantación de una consolidada cultura preventiva.

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El Sescam refuerza los procedimientos del Observatorio de la Violencia para prevenir agresiones en el ámbito sanitario

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Fortalecer la coordinación entre el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y la Guardia Civil, y reforzar los procedimientos encaminados a la erradicación de las agresiones en el ámbito sanitario han sido dos de los asuntos abordados en la reunión que el director general de Recursos Humanos, Iñigo Cortázar, ha mantenido recientemente con el teniente coronel Jefe de la Sección de Operaciones de la Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha.

En la reunión, que se ha desarrollado en el marco del Observatorio de la Violencia del Sescam, del que Cortázar es vicepresidente, también ha participado el coordinador regional del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y vocal del Observatorio, Sebastián Sánchez.

Además de revisar los objetivos y funciones de este órgano impulsado por el Sescam en 2018, se abordaron algunos de los aspectos relativos a la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre las medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud, ha informado la Junta en un comunicado.

El objetivo del encuentro es reforzar los contactos y la colaboración en los distintos niveles, regional, provincial, gerencia y centros de trabajo, entre los representantes del Sescam y de la Guardia Civil, y coordinar actuaciones, tanto de manera preventiva, como ante situaciones de violencia.

El Observatorio de la Violencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha -integrado por la Administración regional, colegios profesionales, organizaciones sindicales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- permite homogeneizar los criterios en las distintas gerencias con respecto a la prevención y a la actuación en estos casos, así como detectar, prevenir y actuar en los campos necesarios para evitar o minimizar el número de incidentes.

La finalidad del Observatorio es conocer, analizar y evaluar situaciones de riesgo de agresiones al personal del Sescam, así como proponer actuaciones de prevención y contempla, además, procedimientos para actuar frente a situaciones de conflicto y agresión, minimizar tiempos de respuesta y evaluar el nivel de aplicación, desarrollo y eficacia de los mismos.

En la reunión también se analizaron algunos puntos del Plan Perseo, el plan específico con el que cuenta Castilla-La Mancha para combatir estas situaciones, y el mapa de riesgos para priorizar actuaciones y potenciar servicios y medidas preventivas de seguridad en el ámbito territorial bajo responsabilidad de la Guardia Civil.

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Muere un hombre de un infarto en los juzgados de Valencia y se investiga el fallo del desfibrilador

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La organización progresista de magistrados Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) considera que debe investigarse si ha existido «alguna negligencia» por parte de la Conselleria de Justicia en relación con el fallo de un desfibrilador, ocurrido el pasado jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia, que hizo imposible usar el aparato para salvar la vida de un hombre infartado en una sala de vistas.

Se suman así a la críticas de PP y Ciudadanos en Les Corts, que han pedido responsabilidades políticas tanto a la titular de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, como a la de Sanidad, Ana Barceló.

Por su parte, la Conselleria de Justicia ha convocado una reunión, para este martes a partir de las 09.30 horas, con el objetivo de trasladar a todos los agentes del sector -Decanato de los juzgados, sindicatos, Fiscalía etc.- los resultados de la investigación abierta por estos hechos.

Un hombre de 54 años murió el pasado 17 de octubre tras entrar en parada cardiorrespiratoria mientras se celebraba un juicio en el que estaba procesado junto a otras trece personas por un asunto de drogas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El desfibrilador de la sede judicial no pudo ser usado en su ayuda por marcar nivel insuficiente de bateríay el personal sanitario tuvo que continuar reanimando al hombre de manera manual, lo que para la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia debe ser investigado como una posible negligencia.

En un comunicado difundido este lunes, JpD pide a Justicia que acuerde «medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones».

Junto a ello, la organización lamenta una posible «desidia» de la Conselleria en la convocatoria del comité de prevención de riesgos laborales que integra a todos los colectivos profesionales presentes en el funcionamiento diario de la Ciudad de la Justicia.

«No podemos olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de personas, además del número importante de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en este recinto. La Generalitat es la titular del edificio y debe cumplir el Decreto 159/2017, aprobado por el propio Gobierno valenciano, que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento», añade.

«Las últimas informaciones difundidas desvelan que el referido desfibrilador no funcionaba por falta de batería y que el material médico para su uso estaba caducado. Además, en mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, el cual la habría transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan tomado las medidas oportunas», dice también la sección valenciana de JpD.

«El grave incendio que causó importantes daños en la Ciudad de la Justicia ya mostró serias deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y en el seguimiento sobre el funcionamiento apropiado de las mismas», añade la organización.

«Ha de recordarse que la Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que el mismo había de reunirse con carácter trimestral. La falta de funcionamiento de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia», dice JpD, que añade que la Conselleria de Justicia está adoptando medidas que afectan a posibles riesgos laborales sin contar con la participación de los delegados de prevención de los colectivos profesionales afectados.

En el encuentro convocado por la Administración este martes, al que asistirá la consellera Gabriela Bravo, también se dará cuenta de las acciones que se van a seguir, han avanzado a Europa Press fuentes de este departamento del Ejecutivo valenciano.

El pasado viernes, la directora general de Justicia, Bárbara López, explicó que las baterías del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años.

La Conselleria ha abierto una investigación «en profundidad» para averiguar por qué no funcionaron correctamente las baterías del este aparato y, para ello, se han solicitado los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria.

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