La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha detallado que su equipo está trabajando para garantizar la seguridad en el trabajo para cuando regrese la “normalidad”, acciones encaminadas también a promover “la divulgación de la cultura preventiva” en las empresas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la voluntad de los agentes sociales de llegar a un acuerdo en un plan de medidas para evitar que el impacto coyuntural del COVID-19 tenga secuelas estructurales en la economía castellano-manchega. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha presidido la reunión con los agentes sociales, en la que ha ahondado en un plan de medidas propuesto por el ejecutivo autonómico para encarar los primeros efectos de la crisis del COVID-19, y que sitúa la prevención de riesgos laborales como una de sus líneas de acción, tanto en el ámbito de la reducción de la siniestralidad laboral como en el nuevo desafío de la contención del COVID-19 en los entornos de trabajo.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido un nuevo encuentro con los responsables de patronal y sindicatos de la región. En esta reunión, en la que también han tomado parte el vicepresidente del Gobierno, Jose Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el Gobierno regional y los agentes sociales han acercado posturas en las líneas que configuran el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación económica, propuesto a los agentes sociales por parte del Ejecutivo autonómico. Así lo ha avanzado Patricia Franco, que tras la reunión ha subrayado la “voluntad de acuerdo” para que la reconstrucción económica sea “lo más rápida posible”.
“Agradecemos la buena sintonía con los agentes sociales y la confianza absoluta y lealtad institucional que existe”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que la voluntad de acuerdo y el clima de consenso “viene siendo siempre una tónica común de nuestras relaciones, pero que se ha visto reforzada por la necesidad de fijar mediante acuerdo las prioridades inmediatas de la recuperación económica y social de la región”, un desafío “que la ciudadanía espera que cumplamos aquellos que ostentamos responsabilidad en el ámbito público y en la representación de trabajadores, pymes y autónomos”.
Ese espíritu de consenso se ve fortalecido en las actuales circunstancias, “para avanzar en las decisiones que tome el Gobierno, en el marco del diálogo social con los agentes sociales, para paliar los efectos de la crisis en pymes, trabajadores y autónomos”, y que tienen como fin “que la paralización de la actividad productiva, que ha llevado el latido económico de la región a un ritmo basal, no se cronifique y no tenga efectos estructurales en nuestra economía, y podamos avanzar rápido en la reconstrucción”, ha explicado Patricia Franco, que ha enfatizado que ese diálogo se construye “por encima del ruido de fondo de algunas partes del país e incluso de la región, y con medidas realistas en comparación con algunas que se están poniendo sobre la mesa en el ámbito político con tintes más bien electoralistas”.
La concertación entre el Gobierno regional y los agentes sociales plantea entre sus líneas medidas en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y la seguridad en el entorno del trabajo. Patricia Franco ha anunciado que el Ejecutivo autonómico destinará más de 2,1 millones de euros a este eje, con líneas destinadas tanto a la reducción de la siniestralidad laboral, como a la inversión para la contención de los posibles contagios por COVID-19 en el entorno de trabajo.
“Contemplamos una serie de medidas que van a ir encaminadas a sufragar las inversiones que tengan que realizar empresas y autónomos en el ámbito preventivo, no solo para frenar la siniestralidad laboral, que ha sido siempre una de las estrategias que ha marcado nuestra política en el ámbito del trabajo desde la llegada de Emiliano García-Page al Ejecutivo, en 2015; sino también para prevenir la expansión del virus en el lugar de trabajo, una vez que se recupere la actividad productiva y volvamos a la normalidad”, ha dicho la consejera. Esas medidas irán destinadas tanto a inversiones en materia preventiva y de seguridad, como a acciones de divulgación y sensibilización, y se dirigirán de manera global al conjunto de la actividad productiva de la región, incidiendo en sectores específicos como el de la construcción.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el planteamiento de las medidas futuras para la recuperación económica de la región y el impacto de aquellas que ya se han puesto en marcha, como la agilización en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la Línea Aval COVID-19, para garantizar el acceso a la financiación de pymes y autónomos de la región.
En la primera de estas medidas, la agilización en la tramitación y la resolución de ERTEs, Patricia Franco ha subrayado que en la región “hemos resuelto ya el 99 por ciento de los expedientes que se han presentado”, evitando recurrir, salvo alguna excepción puntual, al silencio administrativo, lo cual refuerza la seguridad jurídica para trabajadores y empresas. La consejera ha explicado que los ERTEs presentados en la región alcanzan a más de 100.000 trabajadores, en una medida que busca mantener el cordón umbilical que une a trabajadores y empresas durante la parálisis en la actividad comercial y productiva, evitando así la pérdida de empleos.
En el caso de la Línea Aval COVID-19, Patricia Franco ha avanzado que se están tramitando, por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca, 64 solicitudes de aval, lo que supone un importe aproximado de 6 millones de euros. La Línea Aval COVID-19 está dotada inicialmente con 15 millones de euros para respaldar operaciones de financiación para pymes y autónomos de la región, y cuentan con el compromiso de ampliar la dotación económica en el momento en el que la demanda supere la cantidad estipulada en primera instancia. Los avales respaldan operaciones de entre uno y cinco años, y tienen un coste operativo cero para pymes y autónomos, ya que éste es asumido por el Gobierno regional.
Además, dentro de las medidas articuladas desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la línea de atención especializada a trabajadores, empresas, autónomos y ayuntamientos, habilitada en el número de teléfono 900 22 22 32 y a través del correo electrónico empresasyempleo.covid19@jccm.es, ha atendido ya casi 3.320 consultas, “y seguiremos implementando recursos para que la información de los cambios normativos en materia económica y laboral lleguen de la manera más rápida y clarificadora posible al tejido económico de la región”, ha dicho Patricia Franco.
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