El presidente García-Page preside la firma del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021. En las 12 reuniones mantenidas para la elaboración del contenido del Acuerdo, que consta de 148 medidas, han participado 41 entidades implicadas en la seguridad y salud laboral
El Gobierno de Castilla-La Mancha, sindicatos y empresarios han rubricado esta mañana el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha 2017-2021 que tendrá una vigencia de cinco años y tiene previsión de una dotación presupuestaria de 26,6 millones de euros, lo que supone casi triplicar el presupuesto que contemplaba el anterior Plan.
El documento persigue la reducción de las cifras de siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. Está dirigido a las empresas y la población trabajadora de Castilla-La Mancha de forma directa, si bien, de forma indirecta, va a repercutir en el conjunto de la sociedad.
La decisión de su vigencia está justificada en la necesidad de contar con una planificación más extendida en el tiempo que el anterior Plan y que permita alcanzar objetivos más ambiciosos. Del mismo modo, otra de las novedades respecto a otros pactos previos es la colaboración de todos los agentes implicados en la prevención, desde el proceso mismo de elaboración de la estrategia y durante todo el desarrollo de la misma.
En este contexto, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado que se trata de un “acuerdo participativo” en el que han tomado parte 41 entidades del sector público y privado divididas en siete grupos de trabajo, en los que se han aportado más de 500 propuestas.
Así, según ha referido la titular de Empleo, a lo largo de ocho meses han trabajado en este documento mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la FEMP, entidades locales, asociaciones sectoriales, agentes sociales y diferentes órganos de la Administración regional para elevar a la Mesa de Coordinación y Seguimiento del Acuerdo una estrategia compuesta por cinco ejes de actuación y 148 medidas concretas.
La estrategia, desde hoy, está viva y es flexible. Los siete grupos de trabajo que han configurado el acuerdo seguirán activos durante la vigencia del mismo, guiados por la Mesa de Coordinación y Seguimiento, con el fin de que, entre todos, se puedan proponer nuevas medidas o reconfigurar las adoptadas.
Los cinco ejes de actuación son:
Eje 1, de difusión y divulgación de la cultura preventiva, en el que además de fomentar hábitos saludables, la creación del distintivo de empresa saludable y la formación en prevención en el ámbito educativo, está previsto crear una web institucional específica que facilite la divulgación y la difusión de la actividad preventiva que realizan todos los agentes vinculados a la prevención.
El Eje 2, de integración de la prevención en la empresa, tiene como finalidad crear grupos de trabajo sectoriales (construcción, agrario, industria cárnica, sociosanitario, transporte y logística) que fomenten la participación y el diseño de medidas específicas. Unas políticas preventivas que estarán apoyadas por ayudas económicas que favorezcan la actividad preventiva de las empresas.
Ahondando en la línea anterior, el Eje 3, de los Servicios de Prevención Ajenos, permitirá potenciar la participación de estas entidades especializadas, de cara a que su acción constituya una actividad preventiva real por parte de las empresas. Así, está previsto elaborar un código deontológico de buenas prácticas de la actividad a desarrollar por los servicios de prevención ajenos, entre otras medidas.
El Eje 4, de enfermedades profesionales, riesgos nuevos y emergentes, facilitará la detección, prevención y tratamiento de las enfermedades profesionales, en especial los nuevos riesgos que aparecen derivados de la vertiginosa evolución de la tecnología y del propio mercado de trabajo.
El Eje 5 contempla el papel de las administraciones públicas en seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta que el 20 por ciento de la ocupación total de la región trabaja en el sector público, 153.200 personas, el 52 por ciento de ellas mujeres, “es necesario contemplar a las administraciones en el Acuerdo, tanto en su papel de empleadores como en el ejercicio de sus competencias, con incidencia en la prevención de riesgos laborales”, ha argumentado Patricia Franco, al tiempo que ha advertido que la accidentalidad laboral es un problema social que “no puede ser tratado exclusivamente en el ámbito de la inspección y la sanción, sino que es necesario un cambio de hábitos en la sociedad, favoreciendo conductas que lleven al establecimiento de una cultura de la prevención”.
Por último, la consejera ha significado que “el Acuerdo que hoy se rubrica es un acuerdo compartido. La ejecución de las medidas será asumida por todas las entidades participantes, cada una en su ámbito específico de acción, destinando sus recursos a la consecución de los fines compartidos”.
El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha aplaudido los contenidos del acuerdo así como el modus operandi del mismo y se ha mostrado esperanzado en que el documento rubricado hoy sea la “hoja de ruta que nos lleve a la eliminación de los accidentes laborales”.
Por su parte, el secretario regional del sindicato UGT, Carlos Pedrosa, ha hablado de la necesidad de un acuerdo estratégico como el rubricado hoy en el Palacio de Fuensalida que incluye, entre otras muchas cuestiones, “un incremento de la concienciación social para la prevención de los accidentes de trabajo”.
En la misma línea se ha pronunciado Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), que ha añadido que el documento rubricado hoy “debería ser uno de los acuerdos con menos críticas a recibir, ya que se hará lo imposible por prevenir los accidentes de trabajo”.
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