Rescatan a un operario tras caer en el interior de un pozo de una bodega de Jerez

Los bomberos de Jerez han rescatado este martes a un trabajador que había caído en el interior en un pozo de una bodega mientras descargaba uva. El operario, un hombre de 45 años, ha sido trasladado al Hospital de Jerez con heridas en cabeza y hombro, aunque tras el accidente estaba consciente.

El hombre realizaba tareas de mantenimiento para una subcontrata en el interior de la bodega cuando, minutos antes de las 8:30h. de este martes ha caído desde una altura de unos cuatro metros hasta el interior del foso dedicado a la descarga de uva.

Además de los bomberos, que han utilizado dos vehículos autobombas y un vehículo autoesca también han intervenido en este suceso efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

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Inspección de Trabajo exige a Metro de Madrid que realice reconocimientos médicos a sus maquinistas por amianto

La Inspección de Trabajo obliga al suburbano madrileño a a realizar reconocimientos médicos a quienes son o han sido en algún momento de las últimas décadas maquinistas o instructores de maquinistas. Así lo ha anunciado este viernes el sindicato de estos profesionales a través de un comunicado.

Este organismo obliga al transporte público madrileño a informar en el plazo de un mes a aquellos que desarrollan o han desarrollado la labor de maquinistas que “están expuestos o son susceptibles de estar expuestos a fibras o polvo de amianto” y, en el plazo máximo de dos meses, a aplicarles los protocolos correspondientes a la Vigilancia Sanitaria Específica del Amianto (VSEA).

Metro de Madrid también tiene que elaborar en el plazo de dos meses “una lista con nombre y apellidos” de todas las personas que han trabajado en el pasado como Maquinista de Tracción Eléctrica o Instructor de Maquinistas y “remitirla a la Autoridad Sanitaria para que se les pueda realizar controles médicos preventivos a través del Sistema Nacional de Salud en los servicios especializados de neumología u otros relacionados con patologías por amianto, y que cuenten con los medios adecuados”.

“Por desgracia, queda mucho por hacer. Llevamos años intentando dialogar y buscar una solución, pero no es posible y todo este asunto lo tenemos que judicializar y resolver por la vía penal”, lamenta por teléfono Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro.

Desde al menos principios de los noventa, Metro sabe que hay amianto en su red y que esa sustancia es tóxica para sus empleados, pero la empresa pública habló por vez primera con ellos sobre el asunto en 2017. Desde entonces, una decena de trabajadores o extrabajadores de la compañía se ha visto afectados, aunque la cifra podría aumentar.

En esa primera indemnización que ha tenido que hacer frente la Comunidad de Madrid, se han abonado algo más de 190.000 euros (193.054,14 euros) a los familiares directos de Julián Martín, fallecido en 2018, debido a los daños que les produjo el ocultar durante décadas la presencia de amianto en su red. “No existen negociaciones con los representantes legales de los trabajadores para buscar una compensación conjunta, los responsables de Metro solo lo hacen en casos individuales, cuando se ven acorralados”, recuerda De la Cruz.

Una juez ha imputado a siete trabajadores de la empresa pública acusados de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores. La instrucción arrancó el pasado diciembre, pero las comparecencias se suspendieron por la pandemia y se retomarán a finales de septiembre, según una providencia emitida en junio.

Inspección de Trabajo ya multó en 2018 a Metro de Madrid con 191.000 euros por no tomar medidas de seguridad con los trabajadores expuestos al amianto.

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Los médicos celebran que los contagios por covid sigan como accidente laboral

Los médicos han celebrado la aprobación del real decreto aprobado por el que se establece para el personal que trabaja en los centros socio-sanitarios la prórroga de la consideración del contagio o fallecimiento por COVID-19 como accidente de trabajo.

El Gobierno ha prorrogado que se reconozca como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 a las personas que prestan servicios en centros sanitarios o sociosanitarios, hasta que las autoridades levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la pandemia.

El Consejo de Ministros ha aprobado prorrogar esta cobertura desde el 1 de agosto a estos profesionales que deberán acreditar el contagio mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo, que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.

Esta medida, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), responde a la petición de los médicos a los ministros de Sanidad y Trabajo para que se reconociera a estos profesionales la calificación de “enfermedad profesional”, para aquellos que hubieran sufrido contagio por COVID-19.

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Los accidentes laborales causan 354 muertes hasta junio, 13 por COVID-19

Los accidentes laborales causaron 354 muertes en la primera mitad del año, un 21,2% más que en el mismo periodo de 2019, entre los que se incluyen 13 casos de contagio por COVID-19 reconocidos como accidente laboral.

La mortalidad laboral se redujo en los meses de abril y mayo, cuando el confinamiento era más severo, pero en junio repuntó un 30% en comparación con el mismo mes de 2019, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Entre estos fallecidos se incluyen los 13 accidentes mortales reconocidos por COVID-19: dos en Andalucía (uno en Granada y uno en Sevilla), siete en Castilla-La Mancha (uno en Albacete, cuatro en Ciudad Real, uno en Cuenca y uno en Toledo), dos en Castilla y León (ambos en Salamanca) y dos en Madrid

Del total de accidentes mortales, 293 se produjeron durante la jornada de trabajo, un 27,4% más, y los 61 restantes “in itínere” o trayectos, un 1,6% menos.

La mayoría de los fallecidos eran asalariados -329, un 27 % más- y los 25 restantes, trabajadores por cuenta propia, un 24,2 % menos.

Los hombres concentraron la inmensa mayoría de los accidentes mortales, con 323 fallecidos frente a las 31 mujeres.

Entre quienes fallecieron durante la jornada de trabajo, las causas más habituales fueron muertes naturales, como infartos o derrames, con 106 casos, seguido de quienes quedaron atrapados o aplastados (52) y accidentes de tráfico (48).

Estos accidentes mortales durante la jornada se concentraron especialmente en el sector servicios (135) y la industria (69), mientras que la construcción sumó 45 y el sector agrario, 44.

En los seis primeros meses del año se registraron 219.522 accidentes con baja laboral, un 29,2 % menos que en el mismo periodo de 2019, de los que 193.353 tuvieron lugar durante la jornada, y 26.159, en desplazamientos.

En estos datos se incluyen los 235 casos de contagio por COVID-19 producidos durante el primer semestre y reconocidos como accidentes de trabajo hasta el pasado 3 de agosto: 221 leves, 1 grave y 13 mortales.

Tras conocerse estos datos, CCOO ha denunciado “el agravamiento de la siniestralidad laboral mortal” incluso a pesar de la menor actividad, lo que en su opinión refleja “el deterioro del sistema preventivo” y la mayor precariedad en el empleo.

En ese sentido, UGT ha urgido a iniciar una mesa de diálogo social específica para la siniestralidad, con el objetivo de articular un plan de choque, reforzar las inspecciones y crear la figura del delegado territorial para mejorar la prevención de riesgos laborales.

Junto a esto, CCOO señala que la escasa notificación del contagio de COVID-19 como accidente de trabajo en el sector sanitario apunta a que esta contingencia profesional no se ha comunicado por la vía más adecuada.

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Repsol abre una investigación sobre el incendio de dos tanques de combustibles

La compañía Repsol ha abierto una investigación para aclarar las causas del incendio declarado este lunes, a las 9:45 horas , en dos tanques de combustibles del complejo industrial de Puertollano coincidiendo con una tormenta con gran aparato eléctrico.

La empresa ha destacado, en un comunicado, que no ha habido que lamentar daños personales y ha añadido que en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia y que los sistemas contra incendios han funcionado correctamente.

La compañía ha comunicado los hechos a las autoridades y ha abierto una investigación para aclarar las causas del suceso.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado, a las 10 horas, el Plan de Emergencia Exterior de Puertollano (PEEP), a consecuencia del incendio que se ha producido en los depósitos de gasoil existentes en el complejo petroquímico.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado, en un comunicado, de que el suceso ha ocurrido cuando un rayo procedente de la fuerte tormenta que en esos momentos caía sobre la localidad ha alcanzado uno de los depósitos de gasoil del complejo petroquímico, produciendo una explosión y su posterior incendio.

Del incendio se ha hecho cargo en principio el personal de emergencias y el servicio de bomberos que posee el propio complejo petroquímico, y posteriormente, y debido a la evolución del incendio, se ha solicitado el concurso de recursos externos, concretamente los bomberos del Consorcio provincial, lo que ha aconsejado la activación del nivel 1 del PEEP.

En principio no se prevé que la columna de humo que ha ocasionado el incidente pueda llegar a la localidad, ni que se pueda producir la afectación de otras zonas pobladas cercanas.

La Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, ha procedido a la activación del PEEP al mismo tiempo que se ha preavisado a los recursos exteriores al complejo, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

También este incidente se ha puesto en conocimiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por si fuese necesaria su actuación, y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

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Un centenar de inspecciones de trabajo en campañas agrícolas de Aragón finalizan con 230.000 euros en sanciones

A las habituales actuaciones para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos en las actividades agrícolas de temporada se han sumado este año inspecciones específicas para comprobar el cumplimento de las medidas relacionados con la prevención de la COVID-19.

Casi la mitad de las infracciones -un total de 27- están relacionadas con la Seguridad Social, tanto por la falta de alta de trabajadores como por la ausencia de comprobación por parte de la empresa del alta en la Seguridad Social de personas subcontratadas.

Otras 18 de las infracciones detectadas han tenido que ver con aspectos vinculados a las relaciones laborales -salarios, tiempo y condiciones de trabajo-, doce con la falta de autorización para trabajar de personas extranjeras y la sanción restante con las condiciones de seguridad y salud laboral en el lugar de trabajo.

Además del más de medio centenar de sanciones propuestas, se han realizado 18 advertencias para el cumplimiento de las obligaciones sanitarias asociadas a la COVID-19 y 17 requerimientos para el cumplimiento de normas o la subsanación de deficiencias: ocho de ellos relacionados con la prevención de riesgos laborales, cinco en materia de relaciones laborales y cuatro en Seguridad Social.

Para la lucha contra el coronavirus, la Inspección de Trabajo ha pactado un criterio operativo con el Ministerio de Sanidad para colaborar en la detección de incumplimientos de las obligaciones de salud pública asociadas a la COVID-19 y en la realización de advertencias a empresas. En Aragón, se han articulado mecanismos específicos de coordinación con la Comunidad Autónoma que permite el intercambio de información con carácter inmediato, la remisión de brotes o contagios identificados y la realización de visitas conjuntas.

El Real Decreto-ley 26/2020 habilita temporalmente a la Inspección de Trabajo para la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las medidas de prevención frente a la Covid-19, vigilando, requiriendo y proponiendo sanciones cuando se incumplan determinadas obligaciones de salud pública por las empresas.

Dicho Real Decreto ha incluido también a efectos de vigilancia de la situación ocasionada por el coronavirus a los técnicos habilitados de las Comunidades Autónomas, en este caso, a los técnicos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), con lo que se reforzará la vigilancia y el control junto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo.

En 2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició en Aragón un total de 382 expedientes de este tipo y visitó más de 270 fincas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos en las actividades agrícolas.

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PREVICAMAN se integra en Grupo PREVING para liderar el sector de los SPA en Castilla la Mancha

Grupo Preving ha formalizado un acuerdo de adquisición con Grupo PREVICAMAN, entidad privada más representativa del sector de los Servicios de Prevención Ajenos en Castilla-La Mancha. Esta adquisición supone un paso más en el proyecto de crecimiento, liderazgo sectorial e implantación nacional de Preving.

PREVICAMAN tiene una experiencia de 20 años, cuenta con más de 10.000 Clientes en Castilla-La Mancha, y tutela la Seguridad y Salud Laboral de aproximadamente 50.000 trabajadores. Dispone de una amplia infraestructura técnica y sanitaria formada por 8 sedes, ubicadas en Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Madrid. La entidad emplea a 140 personas.

Luis García, Director General y principal accionista de la Compañía Castellano Manchega, ha afirmado que “la unión con un Grupo empresarial tan solvente como Preving nos permitirá potenciar el crecimiento en la región y liderar el Sector de los Servicios de Prevención Ajenos en la Comunidad”.

Esta destacada operación supone la ampliación de la cobertura nacional de Grupo Preving, mediante una robusta implantación en Castilla-La Mancha, donde contará con una cuota de mercado superior al 15%. De esta forma la entidad continúa desarrollando su posición competitiva en el Sector PRL. En 2020, el tamaño corporativo del Grupo se situará por encima de los 75 millones de Euros, y un Capital Humano compuesto por 1.400 personas trabajadoras. El holding empresarial presta servicio a más de 70.000 empresas y 650.000 trabajadores.

Jesús Nieto y Andrés López, CEOs del Grupo, han querido “agradecer la confianza mostrada por parte de los accionistas y directivos de PREVICAMAN, y así mismo, el esfuerzo de todas las personas de Grupo Preving que con su implicación diaria permiten seguir avanzando en la misión de liderar el Sector”.

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