Cortes C-LM aprueban pedir al Gobierno estatal más inspectores de trabajo para vigilar la siniestralidad laboral

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una propuesta de resolución por la cual el Parlamento regional solicita al Gobierno estatal incrementar el número de inspectores de trabajo en la región para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de siniestralidad laboral, así como aumentar los fondos destinados a este tipo de políticas.

La resolución que ha salido adelante insta igualmente al Gobierno autonómico a “desarrollar y profundizar con sindicatos y asociaciones el Acuerdo Estratégico para la prevención de riesgos laborales” vigente.

Por contra, el PP no ha encontrado apoyo del resto de grupos para tramitar su propuesta de resolución, por la cual pretendían instar a la Junta a ejecutar todo el presupuesto destinado a las políticas de prevención, así como poner en marcha las ocho enmiendas que los ‘populares’ presentaron en este ámbito en la tramitación de los presupuestos de 2018.

La consejera de Empleo, Empresas y Economía del Gobierno castellano-manchego, Patricia Franco, ha cerrado el debate pidiendo no utilizar la siniestralidad laboral como “arma arrojadiza” del discurso político, tras lo que ha lamentado que el PP “vuelva a usar cifras detrás de las cuales hay personas”.

En todo caso, ha querido resaltar que en Castilla-La Mancha la tasa de incidencia “es mejor” que en el resto del país, “y en un contexto en el que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido”.

Además, ha dicho que baja en todas las provincias menos en Cuenca, si bien en Guadalajara el incremento de incidencia “se modera en 2016 y se atenúa en 2017”.

“Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas donde más descendió el índice de incidencia, mientras que en Comunidad Valenciana, Murcia o Galicia, gobernadas por el PP, sube”, ha dicho a la bancada ‘popular’.

También ha pedido “exigir responsabilidades” a nivel estatal, ya que este tema es también competencia de la regulación que impulsa Moncloa.

Al respecto de las medidas puestas en marcha por su departamento esta legislatura, ha recordado que está en vigor una estrategia vinculada a estas políticas que abarca hasta cinco años, un acuerdo con los agentes sociales a raíz del cual se han conseguido desde acuerdos de colaboración con centros educativos para campañas de concienciación como una nueva web que servirá para campañas divulgativas.

“Y además, no sólo llegamos a acuerdos y fijamos hojas de ruta, sino que además hay hasta cuatro líneas de ayudas para este 2018”, ha exhibido.

Franco ha avisado al PP que será el ‘Pepito Grillo’ en esta materia y les recordará su mala gestión al respecto y su baja ejecución presupuestaria. “En contra, en 2017, ya hemos obligado un 64% y hemos pagado un 63,51%”, ha añadido, antes de recordar que los ‘populares’ estuvieron “dos años” sin acordar una estrategia de prevención.

El portavoz del Grupo Podemos, David Llorente, ha dado el pistoletazo de salida al debate criticando la temporalidad laboral y la alta rotación de contratos cortos “que dificulta la consolidación de medidas básicas de prevención”.

Además, ha criticado que las políticas de los últimos años “han generado una clara regresión” en materia de seguridad laboral por parte de las empresas en los últimos años.

Ha tenido palabras para la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que a su juicio sirvió para “cambiar la tendencia” en cuanto a la siniestralidad laboral, recalcando que en los últimos cuatro años han fallecido más de 2.000 trabajadores “víctimas de las políticas neoliberales”.

“Todos los indicadores de precariedad empeoran. Mujeres, jóvenes e inmigrantes son discriminados no sólo al acceso al trabajo, sino también en cuanto a condiciones de seguridad”, ha aseverado.

Poniendo el acento en el sector femenino, ha afirmado que los accidentes laborales de las mujeres superan a los hombres pese a que son menos parte de la población activa.

El parlamentario ha considerado que el aumento de la siniestralidad en la región remonta desde 2013, y en 2014 Castilla-La Mancha “ya era la segunda región con más accidentes”. En este punto, ha hablado de “limitada inversión” en la pasada legislatura, lo que ha llevado a los trabajadores a una situación “peligrosa”.

Como propuesta, ha insistido en que la solución pasa por derogar la reforma laboral de 2012, “que ha debilitado la negociación colectiva y ha dificultado el ejercicio efectivo de derechos profundizando en la desigualdad, lo que se traduce en más siniestralidad”.

De su lado, el diputado del Grupo Socialista Fernando Mora ha apuntado que el esfuerzo debe estar encaminado a “la siniestralidad cero” y ha considerado que la aprobación de la reforma laboral hizo que se incrementasen los datos por razones como “la escasa o nula formación preventiva o la persistencia de la economía sumergida”.

A este respecto, Mora ha señalado que “es el momento de que lleguen a su fin aquellas reformas que han afectado negativamente al conjunto de los trabajadores”, y ha recordado que el Gobierno regional elaboró el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2017-2021, un acuerdo que, ha comentado, contó con el “compromiso firme de todos”.

Por ello, ha pedido que todos se adhieran a este acuerdo para que la siniestralidad cero “sea una realidad” por encima de los intereses particulares o electorales. “Es un buen instrumento para todos los castellano-manchegos para dar solución a este problema”, ha añadido, insistiendo en que los socialistas no estarán contentos “mientras haya un sólo accidente laboral.

Mientras, el diputado del Grupo Popular Lorenzo Robisco ha manifestado que Castilla-La Mancha sea “la segunda peor comunidad autónoma” de España en materia de siniestralidad laboral y ha criticado la “ejecución ínfima” del presupuesto destinado por el Gobierno regional a esta materia.

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