Las compañías de seguros invierten esfuerzo y dinero en investigar posibles fraudes. En 2016, se estimó que, por cada euro invertido en su detección, las entidades ahorran 34,70 euros en indemnizaciones. El coste económico y de recursos personales y materiales que suponen los fraudes alcanza una enorme cifra, influyendo en su cuenta de resultados.
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