La Plataforma de Contratación del Sector Público recogía el anuncio de licitación el pasado 20 de marzo. Como órgano de contratación, las Mutuas de Accidentes de Trabajo colaboradoras de la Seguridad Social. El objetivo es contratar detectives privados que controlen las bajas laborales y enfermedades profesionales de carácter fraudulento, una tendencia que una vez superadas las tribulaciones propias de la crisis económica vuelve a repuntar y, en consecuencia, obliga a la Administración a rescatar medidas que ya se tomaron en la primera década de siglo, principalmente.
En el caso de Cantabria, en unos lotes que abarcan todo el territorio nacional, su contrato está integrado en uno global junto a Asturias y País Vasco. El presupuesto base de licitación es de 6.648,47 euros, una suma que sin impuestos se queda en 5.494,6 euros. En total, las mutuas estiman un valor del contrato para costear los servicios de las agencias de detectives de toda España de 698.791,68 euros.
Cuestionada por este periódico, la Seguridad Social explica que las mutuas tienen asignadas diversas funciones como entidades colaboradoras de la Administración, como la gestión de las prestaciones por incapacidades temporales. De hecho, agregan que esta iniciativa de contratar vigilancia privada para reducir el fraude parte de las propias aseguradoras. «Es una actuación que se halla dentro de sus competencias y que se circunscribe a las comprobaciones que llevan a cabo para limitar las prácticas fraudulentas. Es aquí donde aparece este tipo de licitación que, por su naturaleza, se anuncia en la Plataforma de Contratación del Sector Público», anota.
La Seguridad Social va más allá y recalca que «estos contratos cumplen con la normativa vigente». Acto seguido, precisa que «las mutuas son organizaciones que, por su carácter privado, están muy vigiladas desde la Administración» para que su afán de lucro no choque con los derechos de los trabajadores y una correcta recuperación tras una baja o enfermedad profesional.
Según un estudio reciente divulgado por Randstad, tres de cada diez empleados cántabros que diariamente faltan a su trabajo lo hacen sin justificar las causas de su ausencia mediante una baja médica. En términos absolutos, se trata de 3.497 profesionales de los 11.162 que no acuden a diario a su puesto laboral en la región. Estos datos arrojan una tasa global de absentismo laboral en Cantabria, computado tanto el justificado como el que no lo está, del 4,7%, por encima de la media nacional, que representa un coste anual para las empresas autonómicas de 608 millones.
Randstad elaboró su análisis a partir de los datos oficiales procedentes de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de trabajadores cántabros que no acreditan su ausencia mediante una baja médica significa el 1,5% del total, también superior al promedio nacional, que es del 1,3%. Sólo Castilla y León (1,9%) y País Vasco (1,7%) presentan valores superiores.
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