La jueza descubre una política empresarial para reducir costes en personal y seguridad en la química que explotó en Tarragona

La investigación del accidente, que provocó tres fallecidos, entre ellos dos trabajadores de la planta, ha avanzado más lentamente de lo previsto debido al estado de alarma. A la espera de recibir el dictamen definitivo de la Inspección de Trabajo sobre las causas del suceso, la magistrada del juzgado de instrucción 1 de Tarragona tiene sobre la mesa dos informes técnicos que dan explicaciones distintas. La consultora noruega DNV GL, en un estudio encargado por el Govern, sostiene que la deflagración se produjo por la descomposición térmica del óxido de etileno y la creación de un punto caliente, posiblemente un incendio, a raíz de una fuga externa o un fallo en el control de la presión del nitrógeno. Por contra, el Institut Químic Sarrià (IQS), a instancias de Iqoxe, descarta el incendio y mantiene que fue el MPEG 500 (el derivado que se estaba fabricando) el material que explotó, y no el óxido de etileno, como dice DNV.

Más allá del material químico concreto que habría causado la explosión, el sumario del caso Iqoxe, al que ha tenido acceso elDiario.es, muestra un reguero de actuaciones de la empresa para abaratar costes, aumentar la producción y, con ello, conseguir más beneficios. Y es esta línea de investigación la que sigue, por el momento, la jueza. En varios autos de la causa, la magistrada apunta a una “política empresarial” que derivó en un “deficiente mantenimiento de las instalaciones” y en “el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo en los debidos requisitos de seguridad”.

Al margen de las condiciones laborales y de seguridad en el momento del accidente, la jueza también investiga si la empresa siguió produciendo “de forma clandestina” mediante el reactor al que teóricamente sustituyó el accidentado, tal y como han testificado varios empleados. Las pesquisas además permanecen abiertas por un delito ambiental porque la empresa habría realizado vertidos al mar mezclados con disolvente que para no ser detectados se habrían producido por la noche o en fin de semana. Estos extremos han sido puestos de manifiesto por media docena de empleados, pero otros aseguran desconocer esta práctica contraria al medioambiente.

Iqoxe niega todas las acusaciones vertidas por los empleados y la jueza y asegura que no existió presión alguna a la plantilla para aumentar beneficios porque en el momento de la explosión el conjunto de la industria química tarraconense vivía un periodo de baja producción debido a la caída general de la demanda, motivo que también explica que no se renovara el contrato a seis empleados.

“Las presiones consisten en reducir costes y aumentar beneficios”. Así empieza su declaración como testigo un empleado de Iqoxe que el día de la explosión estaba trabajando a 100 metros del reactor siniestrado. El testigo se siente “engañado” porque, según su versión, la empresa redujo la plantilla alegando que había menos trabajo, cuando en realidad hubo más. Al contrario de la versión de la empresa, el operario asegura que el día de la explosión la planta trabajaba “a marchas forzadas” porque tenían un aumento de demanda. Todos los testigos coinciden en que el día de la explosión se estaba fabricando un lote de MPEG 500 de 20,5 toneladas, cuando los seis encargos anteriores habían sido de 25 toneladas.

Otro trabajador del sector de la fábrica resaltó que era habitual que a partir de la segunda mitad del año bajara la producción, pero que no obstante el reactor que explotó, el de la planta U-3100, era el que más producía de la empresa al ser el más rápido. “Desde la cúpula de la empresa había un espíritu de mayor producción, de producir al límite, la planta estaba siempre funcionando”, declaró este testigo a la jueza. En la causa permanecen investigados el director de la planta de Iqoxe en La Canonja (Tarragona), Juan Manuel Rodríguez Prats, y el director general de la compañía, José Luís Morlanes. Por su lado, los ‘comun’ están personados en la causa como acusación popular.

Un tercer empleado, herido en el accidente, afirmó en su declaración judicial que, al igual que el conjunto de la plantilla, había expresado su preocupación a la dirección de la empresa porque los mismos empleados tenían que llevar “dos plantas a la vez”, la U-3100 y la U-2360. “Era horroroso, una locura, mucha tensión, presión, estrés”, describió el trabajador, que vio las causas de esta situación en “la finalidad de la empresa de aumentar la producción”. “La U-3100 no paraba nunca”, relató el testigo.

“Coacción no, pero sí presión, la empresa exigía más de lo que se podía”, abundó ante la jueza un cuarto trabajador, que dejó la empresa un mes antes del accidente. Este exempleado puntualiza que si bien el ritmo de producción de la planta U-3100 estaba “dentro de sus límites”, con los trabajadores ocurría lo contrario, ya que además de la unidad que explotó debían controlar la U-2360. La situación, añade el exempleado, “provocaba inseguridad y estrés porque cuando se controlaba una no podían controlar la otra”.

En sus comparecencias ante los Mossos y la magistrada, la docena de trabajadores niegan que la empresa les coaccionara para participar de la investigación judicial, y no se ahorran en detalles sobre las malas condiciones laborales que, a su juicio, les sometía la dirección de Iqoxe. La queja más habitual es que, además de tener que controlar dos unidades al mismo tiempo, los operarios de las plantas deben en ocasiones ausentarse del panel de control –que en el caso de la U-3100 no estaba bunkerizado– para realizar trabajos de mantenimiento en las unidades. Según varios trabajadores, la reducción de un trabajador por turno en cada planta se aprobó por CCCO y UGT y contó con la oposición del sindicato COBAS. Además, meses antes del accidente las alarmas dejaron de ser sonoras para pasar a ser solamente visuales en el panel de control. Pero como el operario tenía que entrar y salir del puesto de control, no siempre podía estar observando la pantalla donde aparecía la alarma, denuncian los trabajadores.

Dos de los empleados llegan a explicar que la empresa había colocado, meses antes del accidente, a un supervisor, a quien se conocía como “el sombra”, que cronometraba el tiempo de trabajo físico, descontando no obstante el rato que pasaban vigilando el panel de control o saliendo del búnker para reparar una válvula o recoger muestras de los depósitos. Cuando se fue “el sombra”, agregaron los empleados, se despidió a un operador de planta por turno. Los empleados también relatan fugas en los depósitos de agua, válvulas de los reactores que fallaban y que tardaban en repararse y denuncian falta de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Las declaraciones de los trabajadores sobre la falta de seguridad en la empresa se refuerzan con el informe incorporado a la causa de la mutua de Iqoxe sobre los accidentes laborales ocurridos en la planta de Tarragona: desde que la histórica firma catalana La Seda vendió la fábrica de Tarragona al grupo extremeño Cristian Lay, la asistencias de la mutua por accidentes laborales crecieron un 750%, pasando de dos en el año 2014 a diecisiete en 2020.

Sobre las causas del accidente del 14 de enero de 2020, son varios los trabajadores que coinciden en definir el suceso como un “runaway”, una reacción que se produce al desprenderse calor del reactor por falta de material catalizador, lo que provoca el aumento de la temperatura, de la presión y, en última instancia, la explosión. En concreto, uno de los empleados apuntó que la válvula de seguridad estalló porque había demasiada presión en el reactor, y que al entrar en contacto con el gas el reactor explotó. Y otro extrabajador añadió que, a diferencia de otras plantas del complejo petroquímico de Tarragona, Iqoxe no dispone de un detector de reacciones runaway. Otro empleado describe una tormenta perfecta: “Coincidieron todos los elementos, falta de personal, problemas de averías en la planta, en el sistema, una fuga y al final sucedió lo que hace tanto tiempo que comentábamos que podía suceder”. La jueza está pendiente de recibir el informe de tres peritos químicos sobre las causas del accidente.

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