Los trabajadores de las residencias de mayores presentan alto nivel de estrés y miedo en la pandemia

La pandemia está provocando riesgos psicosociales laborales que podrían afectar gravemente el bienestar y salud de numerosos profesionales, como los trabajadores de residencias de mayores. Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid llaman la atención sobre la necesidad de identificar y prevenir estos peligros.

Expertos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) advierten que en España los trabajadores de residencias de mayores están experimentando riesgos psicosociales laborales que podrían afectar gravemente su bienestar y salud.

En el estudio, llevado a cabo durante abril y mayo, participaron un total de 228 trabajadores de residencias de 42 provincias españolas –entre los que se encuentran médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de geriatría, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, directores y coordinadores–.

Los resultados, publicados en el Journal of Applied Gerontology, reflejan que los profesionales sociosanitarios de las residencias presentan sobrecarga y presión social derivada de su trabajo, así como un sufrimiento importante a causa del contacto con la muerte y el dolor al que han estado expuestos.

“Estos trabajadores están preocupados por la falta de personal y de material de protección para no contagiarse ni contagiar a otros”, afirman los autores. El personal médico y de enfermería es el más perjudicado, probablemente debido a su implicación directa en el cuidado de las personas que han contraído el virus, así como debido a las decisiones extremadamente difíciles que han tenido que tomar”.

Entre estos profesionales se han encontrado también niveles altos de estrés traumático secundario, siendo todavía más altos entre aquellos trabajadores de residencias en las que se detectaron casos positivos de covid-19.

El estrés traumático secundario se define como el conjunto de emociones y conductas que aparecen como resultado de ser testigos del trauma que ha vivido otra persona, o bien de ayudar o cuidar a una persona traumatizada. Los síntomas son parecidos a aquellos experimentados por las personas que viven el trauma en primera persona.

“También se apreció entre los participantes niveles moderadamente altos de miedo al contagio, que parece incrementarse entre aquellos profesionales de mayor edad. Esto es debido muy probablemente a la percepción entre estos trabajadores de una mayor vulnerabilidad a las consecuencias del virus”, añaden los investigadores.

El estudio también reflejó que, entre los trabajadores sometidos a una mayor carga de trabajo, aquellos que percibían mayor apoyo por parte de sus supervisores experimentaban menos estrés. “Ante la presión social derivada de su trabajo, aquellos que percibían poco apoyo por parte de sus compañeros experimentaban mayores niveles de estrés”, apuntan.

“Es más, el apoyo que los trabajadores perciben de sus compañeros permitió amortiguar el impacto que estresores como el sufrimiento ocasionado por el contacto con la muerte y el dolor tenían sobre el miedo al contagio”, subrayan.

Sobre la base de estos resultados, los investigadores llaman la atención sobre la urgente necesidad de implementar programas de prevención de riesgos psicosociales laborales en el sector de las residencias de mayores.

“La experiencia del estrés traumático secundario es riesgo psicosocial laboral derivado del contacto con la tarea traumática. La intervención temprana podría ayudar a prevenir el desarrollo de un problema psicológico mayor en fases posteriores”, aseguran. “Estos programas podrían prevenir el agotamiento y desgaste que presentan, e incluso disminuir las altas tasas de abandono que se encuentran en este sector profesional”.

Por último, el trabajo resalta la importancia de proporcionar a los profesionales recursos suficientes para protegerse del contagio y así reducir su ansiedad y preocupación por infectarse, contagiar a sus seres queridos o a los residentes de los centros. “Además, la disponibilidad de estos recursos probablemente aumente su sentido de control de la situación, lo que contribuye a reducir sus niveles de estrés y miedo”, concluyen los investigadores.

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Nuevas formas de trabajo y nuevos riesgos laborales

La revolución tecnológica está modificando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La incorporación e implantación de las nuevas tecnologías en el mundo de la empresa trae consigo nuevos escenarios de trabajo y también nuevos riesgos laborales. ¿Cuáles son, entonces, los riesgos laborales a los que nos enfrontamos en esta cuarta revolución industrial?

Las organizaciones deben de estar preparadas para identificar y gestionar la seguridad y los riesgos laborales que están introduciendo las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. La adopción del Internet de las cosas, IoT, los Drones, los Cobots, los exoesqueletos, la fabricación aditiva o la realidad virtual está teniendo unos efectos significativos en las organizaciones, los procesos productivos, las condiciones de trabajo y también sobre los la seguridad y la salud de los trabajadores.

En el contexto actual de transformación digital, acelerado en los últimos meses por la crisis sanitaria, el Responsable de Innovación y Técnico de Prevención de Unión de Mutuas, Javier Murcia, ha analizado en el IV Congreso de Tecnologías Emergentes para Ecosistemas 4.0. el impacto que está teniendo en el mundo del trabajo las tecnologías habilitadoras y ha abogado por “asegurar el bienestar de las personas en los nuevos entornos caracterizados por la conectividad, la digitalización y la automatización”.

Organizado por la Federación Empresarial Metalúrgica de Valencia, FEMEVAL, y la Asociación de Empresas de Consultoría del Terciario Avanzado, AECTA, el Congreso, celebrado en Valencia de forma virtual, ha reunido a los máximos exponentes de la transformación digital, y en el que Unión de Mutuas ha abordado la “Prevención y Retos de la industria 4.0.”

En su ponencia, Javier Murcia ha abordado la aparición de los nuevos riegos emergentes derivados de las nuevas condiciones de trabajo propias de la industria 4.0, y ha enumerado las estrategias que han de establecer las empresas para eliminar estos riesgos, disminuirlos y prevenirlos.

Para ello, se ha basado en la Guía de carácter transversal “Revolución industrial, Prevención y retos 4.0”, realizada por Unión de Mutuas junto con FEMEVAL, Valmetal y Unimat Prevención, en la que se analizan los principales riesgos y medidas preventivas asociadas a cada tecnología habilitadora y, así, poder ayudar a las empresas a gestionar el cambio que está produciendo la incorporación de estas nuevas tecnologías.

Riesgos de mayor impacto

Los riesgos psicosociales, organizacionales y ergonómicos son los que mayor impacto van a tener en la industria 4.0., originados por los cambios en las condiciones de trabajo, los exigentes ritmos de trabajo, la extensión de jornadas y horarios o las nuevas formas de contratación. Junto a ellos, la ciberseguridad, el tecnoestrés, la tecnofobia y la tecnoadicción, son los nuevos riesgos de mayor relevancia vinculados a las nuevas tecnologías.

Con el objetivo de situar a las personas en el centro de los cambios y de la transformación tecnológica, entre las diferentes estrategias que ayuden a eliminar, reducir o prevenir estos riegos, Javier Murcia ha destacado el fortalecimiento, en las empresas, de un liderazgo efectivo que apoye a los trabajadores en los procesos de integración de las nuevas tecnologías; la formación, capacitación y desarrollo del capital humano; las acciones de envejecimiento activo y empresa saludable, así como la comunicación y fomento de las relaciones interpersonales.
También, en su exposición, el representante de la Mutua ha señalado el gran potencial de las tecnologías habilitadoras para para eliminar y reducir los riesgos laborales. Entre ellos ha mencionado la disminución de las tareas repetitivas, peligrosas y de menor valor añadido al ser realizadas por cobots; la menor exposición a ambientes contaminantes; la mayor disponibilidad de datos para objetivar y tomar decisiones, gracias al internet de las cosas; la reducción de incidentes como consecuencia de los mantenimientos predictivos de los equipos de trabajo; y la mayor protección personal gracias a los dispositivos de protección inteligentes, los llamados smart EPI, capaces de identificar situaciones de riesgo y emitir alertas.

El Congreso de Tecnologías Emergentes se ha convertido en uno de los foros más importantes para desarrollar el ecosistema de las tecnologías emergentes para la industria, conocer a los principales gestores de inversión en tecnología de la industria española, intercambiar información, crear alianzas y encontrar oportunidades. En esta edición, profesionales, empresarios y científicos han analizado el estado actual y la adaptación de la industria española a la 4ª revolución industrial a través de ponencias técnicas y mesas redondas en las que se ha debatido, de forma paralela, sobre los retos a los que debe hacer frente la industria conectada.

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SATSE denuncia a Sanidad por no dar mascarillas FFP2 a sanitarios ni informar de accidentes laborales

SATSE ha denunciado ante Inspección de Trabajo a la Conselleria de Sanidad por no proporcionar el material de protección adecuado a los profesionales sanitarios – mascarillas FFP2 – y por no informar sobre los accidentes laborales y ni en qué Servicios se producen, según ha informado el sindicato de Enfermería en un comunicado.

Al respecto, ha explicado que ha interpuesto esta denuncia por no proporcionar la protección adecuada después de que diversos estudios demuestren que la Covid se transmite prioritariamente por aerosoles, sobre todo en lugares cerrados y poco ventilados como Salas de hospitalización, Consultas Externas y centros de salud.

Asimismo, ha denunciado igualmente a la Conselleria de Sanidad por no proporcionar al Sindicato los datos que ha solicitado sobre accidentes laborales de trabajadores por contagio de Covid, en qué Servicios se han dado más brotes y a que categorías profesionales han afectado principalmente.

Esta información el Sindicato la ha solicitado en reiteradas ocasiones en los Comités de Seguridad y Salud de los Departamentos de Salud y, directamente, a la Conselleria de Sanidad sin ningún resultado, a pesar de que, legalmente “debe proporcionar esta información a los representantes de los trabajadores”.

El sindicato, al no disponer de datos oficiales, ha recabado datos sobre en qué Servicios y centros sanitarios se han producido recientemente brotes y ha constatado los siguientes: Traumatología del Hospital de Elda, Sala de Hemodiálisis del Hospital de Alcoi, Sala de Pluripatológicos del Consorcio H. General de València, Consultas Externas de Traumatología y Neurofisiología del Hospital Clínico de València, Sala de Cardiología y Medicina Interna del Hospital Peset, centro de salud de Fuente S. Luís Sala de Onco-Hematología del Hospital Arnau de Vilanova, Sala de Neurología, Sala de cirugía y Sala de Traumatología del Hospital General de Castellón, entre otros.

Los contagios se producirían en salas sin ventilación o consultas interiores de Servicios no Covid en los que los profesionales sanitarios llevan mascarillas quirúrgicas con contacto prolongado con pacientes/acompañantes, lo que conllevaría que, una vez contagiados de forma asintomática, pudieran contagiar a otros profesionales sanitario, han advertido.

Estos datos vienen reforzados por la evidencia científica que ha demostrado que en ambientes interiores poco ventilados o sin ventilación se recomienda la mascarilla sellada y autofiltrante (FFP2), ya que la mascarilla quirúrgica está abierta y tiene una baja eficacia que varía entre un 50-65% recuerda que la forma dominante de contagio de Covid es por aerosoles, es decir, que el virus permanece en el aire durante un periodo de tiempo prolongado.

Desde la Administración, ha habido voces que han señalado que los profesionales positivos en Covid se habían contagiado en contactos sociales. Sin embargo, dadas estas evidencias científicas, que señalan que las vías de contagio en espacios sanitarios interiores son los aerosoles y que el único EPI que impide el contagio es la FFP2, el Sindicato prefiere “seguir las evidencias científicas en lugar de sacar conclusiones sin ningún fundamento”.

Por todo ello, SATSE ha presentado esta denuncia, para garantizar la máxima protección a los trabajadores a través de mascarillas FFP2 para el personal sanitario, así como que se investiguen y se reconozcan los casos de accidente laboral cuando haya un contagio, dejando de achacar directamente la causa del contagio al contacto social como hacen ahora mayoritariamente los Departamentos de Salud, en un claro desprecio a los profesionales y en su responsabilidad personal.

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Herido un operario que sufrió una descarga eléctrica en una nave industrial

Un trabajador de una nave industrial situada en el polígono de Bergondo (A Coruña) ha resultado herido al sufrir una descarga eléctrica y caer al suelo. Tras el accidente, fue trasladado en una ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).
El 112 Galicia tuvo conocimiento de lo ocurrido a las 11,30 horas, cuando recibió el aviso de un particular.

El servicio de emergencias requirió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los agentes de la Guardia Civil y Policía Local y de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

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A juicio por falsificar los papeles de un empleado al que contrató verbalmente y que sufrió un accidente laboral

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 30 de mayo de 2017, el acusado, administrador único de una empresa de servicios y construcciones, con domicilio social en Oviedo, “contrató” de forma verbal como trabajador a un hombre que sufrió un accidente laboral el 13 de junio de ese mismo año.

El acusado confeccionó, utilizando un modelo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, un contrato de trabajo temporal, sin conocimiento ni consentimiento del trabajador, haciendo constar que prestaría sus servicios como oficial 2º albañil, cuando su oficio es de oficial 1ª, y simulando el acusado su firma bajo el epígrafe “El/la trabajador/a”, el cual presentó en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento oficial y solicita que se condene al acusado a un año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses, a razón de 9 euros por día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

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Siete meses para que se reconozca a los celadores como personal de riesgo en la lucha contra el coronavirus

Los celadores son los primeros que ven a un paciente que llega a un hospital. Son también los que trasladan a los enfermos de una sala a otra y son quienes les acompañan. En muchos casos, los que más contacto tienen con los enfermos.

El colectivo de los celadores cuando empezó la pandemia fueron clasificados por el ministerio como “personal de bajo riesgo”, una etiqueta de la que consiguieron deshacerse el pasado 7 de octubre. Junto a enfermeros y médicos, han acudido, como siempre, a sus centros de trabajo durante todos estos meses, pero eso sí, han sido en todo este tiempo los más invisibles y desprotegidos.

“Creo que somos de los más polivalentes”, cuenta Javier Navarrete, jefe de celadores del Hospital Central de la Cruz Roja, quien recuerda que “no son camilleros” y que el primero en atender a un paciente al llegar al hospital “es un celador”.

Este colectivo, en el caso del hospital en el que trabajaba Juan, vio cómo se han contagiado un 40% de los trabajadores por coronavirus. “El problema -señala el celador- de los contagios es dónde se han producido. Demostrar que esto es una enfermedad profesional es difícil”, añade.

El caso de los celadores era como el de los policías o la Guardia civil, cuando fueron catalogados de bajo riesgo, aunque en el caso de estos fueron quitados del “cuadro en junio”.

“En muchos centros de toda España, consideraban al celador de bajo riesgo y si había falta de EPIS, al último al que le daban material era al celador”, explica Navarrete. Ahora asegura que tienen equipos de sobra para todos los trabajadores, pero teme que, dependiendo de cómo evolucione la segunda ola, vuelvan a quedarse sin ellos.

Un caso igual es el del colectivo de limpiadores y limpiadoras de centros hospitalarios. Elisa tiene 58 años y limpiadora en la zona quirúrgica de un hospital público en Madrid. Ahora ya no está en contacto con pacientes covid, pero durante la primera ola era la empresa privada para la que trabaja la que le proveía de la protección. Una protección que desapareció cuando se requirieron todos los materiales disponibles para la sanidad. “No somos sanitarios, pero sí trabajamos cerca de ellos”, cuenta Elisa

Todos estos profesionales trabajan junto a otra persona a la que llaman “espejo”. Gracias a este “espejo” consiguen quitarse bien el EPI, ya que es uno de los momentos cruciales para evitar contagiarse, evitando tocar el exterior del traje, gafas, guantes, etc. “

Elisa lleva trabajando más de 20 años, confiesa que nunca había vivido algo así, recuerda cuando llegó el ébola a España y asegura que entonces “sí se hubiera contagiado”.

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El BOE publica el nuevo precio de las mascarillas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el nuevo precio de las mascarillas quirúrgica desechables a 0,72 euros, tras su revisión en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. El precio ha sido rebajado tras la decisión del Gobierno de la nación de reducir el IVA aplicado a estos productos del 21 al 4 por ciento.

El Ministerio de Sanidad había aprobado ya el 22 de abril un importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros. El nuevo importe de 0,72 euros es susceptible de una nueva revisión atendiendo a la evolución de los precios del mercado, según publica el BOE.

La revisión del precio máximo se llevó a cabo tras la polémica suscitada a raíz de la resistencia del ejecutivo de Pedro Sánchez a bajar el IVA, algo que venían reclamando partidos políticos en la oposición y colectivos sociales, al tratarse de un bien de primera necesidad y obligado uso. El Gobierno justificaba su negativa a bajar el impuesto en posibles sanciones de la Comisión Europea, pese a que países como Francia, Italia o Portugal habían tomado esta decisión.

El Ejecutivo accedió a rebajar finalmente la carga impositiva para este producto alegando que la Unión Europea había confirmado su voluntad de no sancionar a aquellos Estados que tomasen esta decisión.

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Fumar al volante, ¿riesgo para la seguridad vial?

Un tercio de los accidentes de tráfico se deben a distracciones, muchas de ellas por el uso del móvil, una conducta que la DGT estudia sancionar con hasta 6 puntos. Prohibir que se fume al volante no está previsto a pesar de los datos: encender un cigarrillo hace que se conduzca a ciegas durante más de 100 metros.

“Fumar mientras se conduce es un factor de riesgo vial”, recalca a Efe el doctor Fernando Pérez Torralba, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT).

Y es que el consumo de tabaco constituye un elemento de distracción para la conducción de vehículos; solo hay que repasar las acciones que se llevan a cabo cuando se quiere fumar, desde sacar el cigarrillo de la cajetilla, encenderlo, dejar la ceniza en el cenicero o apagarlo.

Demasiados movimientos aunque generalmente se hagan inconscientemente, pero suponen un tiempo durante el cual el conductor tiene sus manos ocupadas, advierten desde la SEMT, una sociedad científica que desde 1998 se dedica a la prevención de las lesiones por accidentes de circulación.

“Se trata de concienciar y sensibilizar a los conductores para que al manejar ese arma maravillosa que nos da tanta libertad como es el vehículo lo haga con seguridad, porque si se utiliza mal es un arma mortal para él, para sus familiares y amigos y para otros usuarios de la vía”, afirma el doctor Pérez Torralba.

Según diversos estudios de investigación, fumar mientras se conduce multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir un accidente.

Además, en encender un cigarrillo se tarda una media de 4 segundos. A 100 kilómetros por hora habremos recorrido 113 metros -una extensión superior a la un campo de fútbol-, sin la atención plena en la carretera.

“Cuando se fuma, con la mano que se sostiene el cigarrillo no se puede sujetar bien el volante. Y no digamos cuando se tiene que cambiar de marcha. Si en ese momento hay que hacer una maniobra evasiva por algún motivo lo más seguro es que se vaya contra otro coche o se salga de la vía”, advierte este experto.

En un estudio realizado en 8 centros de salud de Zaragoza, en el que participaron 1.214 conductores de entre 25 y 65 años de edad, sobre la asociación entre consumo de tabaco y accidentes de tráfico “no fatales”, se constató que el riesgo en no fumadores era del 7 %, en fumadores que no fuman conduciendo, del 12 %; y en los que sí fuman al volante, del 17 %.

A la distracción por la propia acción de fumar y la preocupación por la caída de la ceniza, hay que sumar el efecto del humo del tabaco en el interior del vehículo: en conducciones largas con 2-3 fumadores se puede reducir la visibilidad hasta en un 20 %.

Además, puede aumentar entre un 7 y un 11 % la concentración de carboxihemoglobina (COhb), una proteína resultante de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono (CO) que se inhala al fumar, y que también tiene consecuencias en la percepción visual, en la habilidad manual y en los reflejos, explica el doctor.

Cuando se habla de tabaco y conducción, la pregunta que surge es: ¿Cómo se le va a prohibir fumar a un conductor que va solo en su coche?

“En la carretera no va solo y si se distrae puede tener un accidente y matar a dos o tres personas del coche que viene de frente, que no tienen ninguna culpa de se haya distraído por culpa del tabaco”, señala el presidente de la SEMT.

A pesar de los datos, la Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene prevista ninguna medida al respecto, aunque fuentes de este organismo reconocen a Efe que fumar mientras se conduce es “peligrosísimo”, toda vez que supone una distracción que puede provocar accidentes.

Pero, ¿Cómo está regulado en otros países?

Colombia es que el que tiene la legislación más restrictiva, ya que prohíbe fumar a los conductores bajo sanción.

En Inglaterra y Gales se prohíbe fumar a cualquier pasajero si en el vehículo viajan menores o mujeres embarazadas, una prohibición que la SEMT, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica solicitaron para España a la DGT hace dos años.

En Holanda está prohibido cuando el coche es el lugar de trabajo y en algunos estados de Estados Unidos como California, Kentucky y Virginia no se puede fumar con menores en el coche.

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Se considera accidente laboral la baja de una abogada por el caos reinante en su departamento

Se considera accidente laboral la baja psiquiátrica de una abogada debido a la situación caótica reinante en su departamento. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias en una sentencia en la que da la razón a una trabajadora de la asesoría legal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) que tuvo que ausentarse por incapacidad en varias ocasiones debido a la tensión, a la desorganización y a la sobrecarga de trabajo a la que estaba expuesta en su día a día.

El TSJ afirma que los hechos probados “son tan claros, contundentes y reveladores” que no dejan lugar a dudas de que los problemas psicológicos tuvieron su origen en el entorno laboral. Descarta así que se trate de una “mera visión subjetiva de la trabajadora” desvinculada de toda realidad, y confirma la existencia de un nexo causal entre el mal sobrevenido y el trabajo.

Según recoge el fallo, el departamento estaba compuesto por dos abogados más la trabajadora, y no contaba con jefe o director que dictara directrices o instrucciones sobre las tareas. La abogada llevaba trabajando en la asesoría jurídica municipal desde 2005, pero fue a partir de 2015 que la situación empezó a hacerse insostenible.

Fue en ese año que los letrados decidieron mandar una carta a la alcaldía en el que denunciaban la sobrecarga de trabajo que tenían, lo que se había traducido en un gran desgaste emocional y físico que se manifestaba en problemas de salud, como estrés, angustia, o ansiedad. En la misiva también hicieron referencia a las sucesivas bajas laborales a las que sometieron todos los empleados del departamento, como prueba del deterioro mental que sufrían.

En febrero de 2016, y ante la ausencia de una respuesta, los empleados volvieron a mandar una carta en la que decían sentirse “desbordados y desamparados”, y reiteraron que no podían seguir asumiendo tanto trabajo. Poco después, la administración incrementó las labores a desempeñar por el departamento legal.

Incluso el Concejal de Asesoría manifestó en diversos medios de comunicación el gran volumen de trabajo que afronta la institución municipal ha llevado a que los tres letrados con los que cuenta el departamento estuvieran desbordados, resultando materialmente “imposible” atender todos los expedientes.

Para el tribunal, todas estas pruebas acreditan la situación “caótica” vivida en el entorno laboral de la letrada, y confirma el vínculo entre el trabajo y las dolencias padecidas.

La Seguridad Social alegó que la trabajadora había sufrido patologías psicológicas en el pasado, como trastornos depresivos y alimentarios, por lo que las alteraciones actuales eran de carácter común. No obstante, los magistrados rechazan este argumento y recuerdan que esos diagnósticos tuvieron lugar dieciocho años antes de su incorporación laboral al consistorio.

Para la Sala, no hay agentes externos al trabajo que causaran el estado depresivo en la letrada, “por lo que existe un nexo causal directo e inequívoco entre el mal sobrevenido y la ejecución del trabajo”. Así, confirman que la demandante no era capaz de llevar a cabo sus tareas, no por el estado psiquiátrico que arrastraba desde su juventud, “sino de manera exclusiva por el contexto laboral en que se encontró durante casi dos años”, insisten.

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Tu vida, sin vuelcos, la campaña de concienciación dirigida a evitar accidentes por vuelco de tractor

La campaña “Tu vida, sin vuelcos”, enmarcada en el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, 2017-2021, pone a disposición de la ciudadanía diversos documentos técnicos, material audiovisual y un simulador de conducción segura de tractor, con el objetivo de concienciar y prevenir sobre los accidentes que se producen por el vuelco del tractor.

Las cifras de accidentes y siniestros que se producen en el entorno laboral siguen siendo preocupantes, destacando de manera especial ciertos sectores en los que este tipo de situaciones se dan con más frecuencia como la construcción y la industria, debido a los riesgos que incluyen el desempeño de ciertos trabajos.

Concretamente, en Castilla-La Mancha, en la última década, en torno al 10% de los accidentes que tienen lugar en el ámbito laboral se han producido en el sector agrario, es decir, en campos, tierras de cultivo y explotaciones ganaderas y forestales. Los accidentes de mayor gravedad están relacionados con la maquinaria agrícola, destacando de manera especial la utilización de tractores, además de infartos y accidentes de circulación durante los desplazamientos de maquinaria agrícola en la vía pública.

Aunque pueda parecer que los accidentes con tractor puedan suceder exclusivamente en el entorno laboral, en muchos de ellos se ven afectadas personas que no ejercen actividad agraria profesional, como pueden ser jubilados, familiares que colaboran en la explotación, o personas que dedican su tiempo libre a este tipo de actividades.

Si bien pudiera parecer que el número de accidentes de este tipo de situación no profesionales es elevado, diversos estudios señalan que entre los años 2010-2019, alrededor de 50 personas fallecieron en Castilla-La Mancha en accidentes de tractor, de los que 32 se produjeron por el vuelco del propio vehículo. De ellos, solo 6 accidentes tuvieron lugar en el entorno laboral y uno se debió al vuelco del tractor.

En el entorno laboral es obligatorio el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de aportar seguridad a las actividades desarrolladas, se hace necesario contar con la responsabilidad y actuación de todas las partes implicadas: administraciones públicas, empresas, trabajadores y agentes sociales, que siguen trabajando en la puesta en marcha de medidas dirigidas a combatir la siniestralidad, un asunto que ya es habitual en las mesas de trabajo y negociación de las mismas.

Así, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales insta a evaluar los riesgos, facilitar formación e información a los trabajadores o realizar controles médicos. Además, hay que tener en cuenta la evolución que ha experimentado el sector, cada vez más especializado y profesionalizado, con mejores medios y recursos, lo que permite tener más seguridad y disminuir los riesgos. Sin embargo, sigue siendo necesario prestar especial atención a los incumplimientos preventivos ya que muchos de esos accidentes podrían evitarse teniendo en cuenta características propias de la actividad agraria como puede ser la orografía del terreno, la duración de las jornadas laborales, las condiciones climatológicas, la temporalidad, la presencia de trabajadores de otras nacionalidades o la ejecución de trabajos en solitario, asuntos que precisan de mayor atención.

Y, más si cabe, si la actividad se desarrolla fuera del entorno laboral ya que, de manera habitual, son desarrolladas por personas de elevada edad que utilizan medios obsoletos, con improvisación y sin supervisión, lo que provoca un elevado número de accidentes con personas fallecidas, que se convierten en verdaderos dramas familiares y sociales.

En los casos anteriores, destacan los accidentes que se producen debido al vuelco de tractores, resaltando de manera especial aquellos que cuentan con años de antigüedad y que carecen de los medios de protección adecuados. De manera habitual, este tipo de siniestros están relacionados con las pequeñas explotaciones familiares y no profesionales en las que las tareas agrarias se llevan a cabo con tractores que, por ejemplo, no disponen de las estructuras de protección en caso de vuelco, las denominadas ROPS en el argot, ni con cinturones de seguridad.

Si bien este tipo de estructuras no evitan los accidentes en sí, puesto que sigue existiendo la posibilidad de volcar, sí minimizan las consecuencias físicas que se puedan producir en los accidentes, como así está demostrado en diferentes estudios, al evitar que el trabajador salga despedido o quede aplastado entre el tractor y el suelo.

Pero para muchos propietarios de dichas explotaciones agrarias, complicado poder disponer de las medidas de seguridad en los tractores antiguos puesto que no todos los modelos disponen de elementos homologados que puedan instalarse sobre los mismos, además del elevado precio que supone la adquisición de nueva maquinaria de este tipo.

Por ello, conscientes de esta problemática, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha impulsado la campaña “TU VIDA, SIN VUELCOS”, en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de fomentar el uso seguro del tractor, a través de la concienciación respecto al riesgo de vuelco y a los posibles daños ocasionados por este tipo de accidentes.

La campaña pone a disposición de la ciudadanía diversos documentos técnicos, material audiovisual y un simulador de conducción segura de tractor que puede encontrarse fácilmente a través tanto de la página web de Seguridad Laboral de Castilla – La Mancha (https://seguridadlaboral.castillalamancha.es/campanas), como de la web específica de la campaña (https://tuvidasinvuelcos.com/).

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Un trabajador resulta herido por policontusiones al caer de un forjado en Benidorm

Un trabajador de 46 años ha resultado herido por policontusiones al caer de un forjado en la localidad alicantina de Benidorm, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha registrado sobre las 12.20 horas de este jueves cuando el CICU ha recibido la alerta de un accidente laboral en la avenida Vila Joiosa, donde un trabajador se ha caído de un forjado.

Hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico y otra del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al herido. Tras la asistencia, el operario ha sido trasladado al hospital Clínica de Benidorm en la ambulancia de soporte vital avanzado.

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Prevenir la COVID-19 en el entorno laboral

Las reuniones sociales y el ámbito laboral son los principales focos de contagio de la COVID-19, que ya acumula más de un millón de casos en España desde el inicio de la pandemia según datos del Ministerio de Sanidad. ¿Sabemos las principales medidas que debemos aplicar en nuestros puestos de trabajo para contribuir a controlar la expansión del virus?.

Para contestar a esta pregunta la mutua Umivale ha preparado una campaña de prevención enfocada al ámbito laboral. Una iniciativa que recopila una batería de recomendaciones específicas por sectores. En concreto seis carteles que repasan de manera sintetizada las recomendaciones en los sectores de hostelería, comercio, sector banca, industria, construcción y sector agrario.

“Nos hemos centrado en estos seis sectores porque son los que aglutinan el grueso de nuestra población protegida”, ha destacado José Luis Cebrián, responsable de Prevención en Umivale. “Con esta campaña pretendemos ofrecer la información de una manera concisa y visual tanto a las empresas mutualistas como a sus trabajadoras y trabajadores. Unos carteles que las empresas pueden colocar en lugares visibles de las áreas de trabajo y que vienen a completar las directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades y sectores publicadas por el Gobierno y que también se pueden encontrar en nuestra web”.

Cada uno de los carteles se divide en tres bloques. El primero repasa las recomendaciones preventivas durante los desplazamientos al lugar de trabajo tales como utilizar transporte individual, utilizar mascarilla si se comparte vehículo o extremar las medidas de limpieza y desinfección. Un segundo bloque se centra en las recomendaciones sanitarias para las empresas por cada sector. “Hay recomendaciones que coinciden de un cartel a otro por ser más genéricas como informar sobre los riesgos y medidas de actuación ante posibles síntomas y otras más específicas como evitar compartir objetos con clientes en los comercios, evitar sistemas de fichaje por huella en el sector bancario o realizar reuniones de coordinación para tratar actuaciones a aplicar en el sector de la construcción”, ha matizado Cebrián.
Por último los carteles incluyen un bloque con recomendaciones sanitarias para los trabajadores de cada sector, como por ejemplo cómo usar de forma individualizada las herramientas o equipos de trabajo, evitar el contacto físico o promover el pago con tarjeta.

Esta campaña ya forma parte del apartado dedicado a la COVID-19 en umivale.es/coronavirus. La iniciativa se suma a todo el material de prevención y salud que se ha difundido desde la mutua con motivo de la pandemia: la campaña informativa Juntos Venceremos sobre el coronavirus, que recoge aspectos como sus síntomas, desinfección del hogar, el teletrabajo, gestión emocional, etc. Los posters Si te proteges, me proteges, con mensajes concisos y llamadas a la acción para seguir aplicando las medidas de protección frente al coronavirus. La campaña especial Vacaciones en tiempo de COVID-19, con indicaciones para viajar, además de material sobre el correcto uso de la mascarilla y sus tipos, higiene y desinfección de manos, uso y retirada de guantes, etc.

Además, en esta sección también se puede consultar toda la información sobre las prestaciones extraordinarias para los trabajadores autónomos, la recopilación de las normas legislativas adoptadas al respecto, una batería de buenas prácticas puestas en marcha desde empresas y material audiovisual y gráfico informativo y de prevención de las diferentes administraciones públicas oficiales.

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Un juzgado de Alicante condena a Sanidad por la ausencia de EPI a los médicos en la primera ola y le obliga a suministrarlos

Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19 al considerar que “incumplió la normativa sobre la prevención de riesgos laborales”. Así mismo, ha abierto la vía a los sanitarios afectados para que acudan a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

En concreto, el Juzgado de lo Social número 5 ha declarado que la conselleria, tras la declaración de emergencia de la Subsecretaría de febrero de 2020 y con el estado de alarma, en el ámbito de su gestión, ha incumplido la normativa y ha generado un “grave riesgo” para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios “provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad”.

Por este motivo, ha condenado a la Administración a suministrar y/o proveer en cantidad y calidad suficiente de todos los Equipos de Protección Individual necesarios -batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos- a los profesionales.

El juzgado se ha pronunciado así tras la demanda interpuesta por la Conferencia estatal de Sindicatos Médicos de la CV (CESM-CV) contra la conselleria, que ha estimado parcialmente en el sentido de obligar a Sanidad a suministrar material.

 

Sobre las indemnizaciones, que el juez estima que se deben fijar en la jurisdicción contencioso-administriva, el sindicato ha anunciado que lo va a recurrir para que sea el tribunal valencianoel que determine las cuantías a las que tienen derecho los demandantes.

 

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El Supremo declara accidente laboral un infarto sufrido durante la pausa del bocadillo

El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo, y no como enfermedad común, el infarto súbito sufrido por un empleado durante la conocida como “pausa del bocadillo”, al estar incluida dentro de la jornada laboral según el convenio de la empresa para la que trabajaba.

El fallo de la Sala de lo Social dictamina que el breve descanso en el que sobrevino la lesión cardiovascular debe considerarse como tiempo de trabajo a los efectos de la presunción de laboralidad. Un principio establecido por la Ley General de la Seguridad Social según el cual las lesiones que se producen durante la jornada y en el lugar de trabajo son accidentes laborales, salvo que se demuestre lo contrario.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a realizar una pausa de duración no inferior a quince minutos cuando la jornada diaria continuada exceda de seis horas. Esa pausa, añade el fallo, se contabilizará como tiempo de trabajo efectivo cuando así esté estipulado por convenio o contrato de trabajo.

Eso sí, la sala matiza que el periodo de descanso deberá disfrutarse “necesariamente en algún momento intermedio de la jornada”, con la finalidad que el trabajador se recupere de la fatiga y rinda mejor, pero nunca al principio o al final del turno porque entonces “se trataría de una reducción de jornada”.

Precisamente, la necesidad de tener que reanudar la actividad productiva sugiere, según los magistrados, que estamos ante un tiempo vinculado al contenido del contrato de trabajo. Esta última idea, dicen es “la que explica la extraña fórmula legal conforme a la cual se considera tiempo de trabajo”, pero solo si así se pacta.

Mediante esta sentencia, el alto tribunal estima el recurso presentado por un trabajador que sufrió un síncope con parada cardiorrespiratoria en el comedor de su empresa. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) concedió al recurrente, que trabajaba como moledor de corcho, una incapacidad permanente en grado de invalidez, derivada de contingencia común, con derecho a percibir 2.033 euros mensuales.

El trabajador impugnó la resolución del INSS y un juzgado de Algeciras le dio la razón al considerar que su enfermedad derivaba de una contingencia profesional. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concluyó que la lesión cardiovascular se produjo dentro de la empresa, pero fuera del tiempo de trabajo, por lo que no estaba amparada por la presunción de laboralidad.

El hombre presentó recurso de casación para la unificación de doctrina, planteando como sentencia contradictoria una dictada por el TSJ de Canarias que consideró como accidente de trabajo el infarto mortal que sufrió un trabajador, también durante la pausa del bocadillo. Al estimar el recurso, el Supremo confirma la sentencia del juzgado de lo social que condenó a la mutua a hacerse cargo de las prestaciones.

No es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre el tentempié de media mañana. Ya en enero de 2016 estableció que la pausa del bocadillo no disfrutada debe ser retribuida como un plus salarial.

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COVID-19: El estrés y la ansiedad ya están afectando al profesorado

Desde marzo del 2020, el profesorado ha ido acumulando estrés debido a las nuevas clases telemáticas y a la incertidumbre que ha conllevado la reapertura de los centros educativos en medio de una pandemia.

En septiembre de 2020, la mayoría de las escuelas y universidades de España reabrieron sus puertas creando un sentimiento de incertidumbre generalizado en el profesorado de cara a afrontar el nuevo curso 2020-2021.

En estudios recientes se ha señalado que durante el periodo de encierro, los/las maestros/as han sufrido niveles de estrés altos por tener que adaptarse en tiempo récord a dar clases en línea.

La UNESCO ya ha identificado la confusión y el estrés entre el personal docente como una de las consecuencias adversas del cierre de escuelas. Esto se debe a la brusquedad de las medidas adoptadas ante el cierre de los centros, la incertidumbre sobre su duración y la escasa familiaridad con la educación a distancia.

Como consecuencia del aumento de la carga de trabajo y la enseñanza desde el hogar, el profesorado ha sufrido estrés acompañado de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Además, en estudios realizados antes de la pandemia se comprobó que trabajar desde el hogar utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones puede crear sentimientos de tensión, ansiedad, agotamiento y disminución de la satisfacción en el trabajo.

Asimismo, esta situación de estrés puede tener consecuencias en la salud de los/las profesores/as y, como resultado, tener bajas por enfermedad, absentismo y un bajo rendimiento laboral. Por eso es importante cuidar la salud emocional del profesorado, ya que esta predice el bienestar emocional y el compromiso del alumnado, reduciendo también su nivel de estrés.

Con este marco de fondo, en el contexto de la COVID-19 se ha agravado la situación laboral del profesorado con más despidos e inestabilidad laboral. Varias investigaciones han analizado el impacto de la inestabilidad laboral en el profesorado y han señalado que puede tener importantes consecuencias psicológicas.

En septiembre volvieron las clases, pero el profesorado y los centros académicos no tenían claras las pautas a seguir mostrando una gran preocupación ante el nuevo escenario. Además, la responsabilidad de aplicar las medidas sanitarias estaba en manos de cada escuela, instituto y universidad.

Ante esta situación, un grupo interdisciplinar de la facultad de Educación de la Universidad del País Vasco que lleva trabajando desde marzo midiendo el estado emocional de diferentes poblaciones ha estudiado los niveles de estrés que ha vivido el profesorado al comenzar el curso 2020-2021.

Los primeros resultados del estudio (aún en revisión) demuestran que hay un alto porcentaje de profesorado que está viviendo sintomatología estresante, de hecho más de la mitad de los encuestados referían síntomas de estrés.

Esta sintomatología fue mayor incluso que en épocas de confinamiento, siendo las mujeres las que están sufriendo más estrés que los hombres, como ha ocurrido en la mayoría de las investigaciones realizadas en diferentes poblaciones en todo el mundo. Además, la inestabilidad laboral que puede estar viviendo gran parte del profesorado también está afectando a la situación de estrés que viven.

Otro nuevo hallazgo del estudio realizado por las autoras es que el profesorado de edades más tempranas es el que más estrés está teniendo, mostrando menores niveles entre docentes de ESO y Bachillerato y universidad. Esto se debe a la gran responsabilidad que tiene el profesorado de Infantil y Primaria para hacer que los niños y niñas cumplan las normas de seguridad ya que tienen menos autonomía.

Para terminar, el profesorado de más edad ha sido el que más estrés ha mostrado, a diferencia de otros estudios en los que las personas mayores son las que menos estrés están viviendo ante la COVID-19. La necesidad de adaptarse a las tecnologías puede tener mucho que ver con este hallazgo.

Es importante atender a la salud mental del profesorado ofreciendo apoyo psicológico a aquellos que estén sufriendo sintomatología psicológica por diferentes razones. Implementar talleres de yoga o _mindfulness_ en los centros académicos puede mejorar notablemente el ambiente emocional de los centros, mejorando la salud del profesorado y alumnado y el rendimiento académico de los estudiantes.

De hecho, nuestro equipo ya realizó una intervención de relajación entre el alumnado durante el confinamiento, con resultados muy positivos.

Por lo tanto, es esencial cuidar la estabilidad laboral del profesorado creando más contratos indefinidos y facilitando el acceso a las plazas públicas para cuidar la salud, la situación económica y la calidad de la docencia.

Asimismo, es totalmente lógico, y más ahora que hemos de cuidar el distanciamiento social, ampliar las plantillas de profesorado en universidades y colegios bajando la ratio de alumnado por docente.

Como ya se ha demostrado, las clases telemáticas, aunque han ayudado mucho durante el encierro, no son la alternativa más adecuada. La brecha digital puede influir negativamente en los grupos más vulnerables y el abuso de las tecnologías puede afectar notablemente a la salud de alumnado y profesorado.

El distanciamiento social y el teletrabajo acarrean consecuencias psicosociales que se podrían prevenir con la contratación y cuidado del personal docente.

Solo así se podrán crear unas buenas condiciones, mejorando la educación y el estado emocional de las próximas generaciones.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Amaia Eiguren Miembro del Grupo de Investigación KideOn (https://kideon.eus/es/)

Nahia Idoiaga Mondragon recibe fondos de Grupo de investigación del Gobierno Vasco KideOn, con referencia IT1342-19 (categoría A).

Naiara Berasategui Sancho recibe fondos del Grupo de investigación del Gobierno Vasco KideOn, con referencia IT1342-19 (categoría A).

Maitane Picaza Gorrotxategi, María Dosil Santamaría y Naiara Ozamiz no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

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Fallece un trabajador en Portilla de Luna (León) tras caer de un andamio

El suceso se ha producido poco antes de las 10.44 horas, que es cuando el 112 ha sido informado de un accidente en la calle Barrio, en Portilla, donde un trabajador se había caído desde un andamio.

Según indico Sacyl, iban ya de camino al lugar un equipo médico de La Magdalena, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de León.

Sin embargo, en el lugar el personal de Sacyl confirmó el fallecimiento de un varón, por lo que se anuló el helicóptero medicalizado.

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Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (actualizada)

El RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, encomienda de manera específica, en su disposición final primera, al Instituto la elaboración y el mantenimiento actualizado de una guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico en trabajos que se realicen en las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo o en la proximidad de las mismas.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto se ha elaborado la presente guía, en la cual se recogen criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los empresarios, responsables de prevención y trabajadores la aplicación del citado Real Decreto.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico

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CCOO pedirá una triple investigación sobre el accidente laboral mortal ocurrido en una empresa de carpintería

CCOO Málaga ha manifestado que, “ante los múltiples indicios de irregularidades”, exigirá una triple investigación sobre la muerte de un trabajador ocurrida en una empresa de carpintería metálica del Polígono Santa Cruz de la capital malagueña.

Así, y durante la concentración llevada a cabo por CCOO y UGT Málaga en señal de solidaridad con amigos y familiares del fallecido, el responsable de acción sindical del sindicato de Industria de CCOO Málaga, Carlos Moya, ha señalado las negligencias que, asegura, se han cometido por parte de la empresa.

En este sentido ha afirmado que el fallecido, que tenía un contrato de media jornada aunque trabajaba a jornada completa, carecía de EPI mientras se encontraba moviendo manualmente y en solitario una plancha de 45 centímetros de grosor, tres metros de alto y 40 centímetros de ancho, cuyo peso estimado asciende a los 300 kilogramos. Además, ha añadido, la empresa carece de Plan de Evaluación de Riesgos y la plantilla no cuenta con delegado sindical, lo que “aumenta considerablemente el riesgo de siniestralidad laboral”.

Por una parte, recoge CCOO Málaga en un comunicado, están pendientes de los resultados de la investigación que debe hacer al respecto la Inspección de Trabajo, y en la que han pedido, además dilucidar las causas del suceso, “averiguar por qué la empresa limpió a fondo y recogió todo rastro con mucha prontitud”.

Por otra parte, ha considerado que la Seguridad Social debe indagar acerca de “por qué en el domicilio social en el que se produjo el siniestro hay registradas dos empresas diferentes y si se está cumpliendo con todos los derechos de las personas trabajadoras”.

Por último, el sindicato ha informado que exigirá a la delegación de Salud de la Junta de Andalucía que investigue el retraso de más de una hora de los servicios de emergencias en acudir al lugar de los hechos y si hubo alguna relación entre ese retraso y el deceso del trabajador.

Asimismo, CCOO Málaga ha criticado el “lamentable trato” recibido por la familia del difunto y el “oscurantismo con el que la administración ha tratado este luctuoso suceso”, alegando que el accidente se produjo a las 9.30 horas y la familia no tuvo conocimiento del paradero de su familiar hasta las 16.00 horas.

Ante lo que han reconocido como “un cúmulo de irregularidades y presuntas negligencias”, CCOO ha puesto a disposición de la familia sus servicios jurídicos y se insta a todas las administraciones competentes a llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

En esta línea, el sindicato ha recordado que hasta agosto de 2020, 12 personas han perdido la vida en Málaga mientras desarrollaban su trabajo, “sin tener en cuenta a las personas falsas autónomas y autónomas que no están protegidos por la legislación de prevención de riesgos laborales por lo que no se contabilizan”.

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Relajemos las cargas: la EU-OSHA lanza la campaña «Trabajos saludables» 2020-2022

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo son el tema de la última campaña «Trabajos saludables» de la EU-OSHA, y hay buenos motivos para ello. Estas afecciones debilitantes, que incluyen el dolor de espalda y cervical, son las dolencias más habituales de la población activa europea.

La campaña se presentó durante una conferencia de prensa con el apoyo del comisario europeo Nicolas Schmit, el ministro federal alemán de trabajo y asuntos sociales Hubertus Heil y la directora ejecutiva de la EU-OSHA Christa Sedlatschek.

Los TME pueden prevenirse y gestionarse, y este es el objetivo de la colaboración entre la EU-OSHA y sus socios. Para ello, compartirán información, consejos y herramientas con los lugares de trabajo europeos y alentarán a todos los sectores a que den prioridad a los TME.

Visite el sitio web de la campaña «Trabajos saludables»

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DATABiO, nuevas fichas de agentes biológicos

Actualizada la base de datos DATABiO con las siguientes fichas:

 

• Complejo Corynebacterium Diphtheriae – Año 2020
• Corynebacterium diphtheriae – Año 2020
• Corynebacterium minutissimum – Año 2020
• Corynebacterium spp. – Año 2020
• Corynebacterium ulcerans – Año 2020
• Corynebacterrium pseudotuberculosis – Año 2020
• Cyclospora cayetanensis – Año 2020
• Diphyllobothrium latum – Año 2020
• Diphyllobothrium spp. – Año 2020
• Erysipelothrix rhusiopathiae – Año 2020
• Neotestudina rosatii – Año 2020   
• Sarcoptes scabiei – Año 2020
• Scedosporium prolificans (S. inflatum) – Año 2020
• Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) – Año 2020
• Scedosporium spp.- Año 2020
• Schistosoma haematobium – Año 2020
• Schistosoma intercalatum – Año 2020
• Schistosoma japonicum – Año 2020
• Schistosoma mansoni – Año 2020
• Schistosoma mekongi – Año 2020
• Schistosoma spp. – Año 2020
• Toxocara spp – Año 2020
• Toxocara canis – Año 2020
• Toxocara cati – Año 2020

 

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Convocatoria oposiciones 2020 Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Se ha publicado en el BOE del viernes 02 de octubre la Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

A las solicitudes de participación en el proceso selectivo y las tasas por derechos de examen les será de aplicación el apartado decimocuarto “Solicitudes” de la Orden HFP /688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.

Entre otros:

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La no presentación de ésta en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

Fecha límite de inscripción: 3 de noviembre de 2020

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en el Punto de Acceso General (admlnistraclón.gob.es). La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del anexo IV de la Resolución de 22 de enero de 2019, y se dirigirá a: «Sr. Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social».

Cada solicitud debidamente imprimida (no serán válidas las fotocopias del modelo 790 ni su cumplimentación manual) tendrá asignado un número de referencia único que se utilizará para identificar al aspirante a lo largo de todo el proceso selectivo.

NOTA: Identificación de los aspirantes durante todo el proceso de oposición

En aplicación de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y tal y como se recoge en la convocatoria del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores del INSHT, los aspirantes/participantes tendrán asignado un número de justificante que se utilizará para identificarlos a lo largo de todo el proceso selectivo.

En todos los listados a los que se dé publicidad figurará el número de justificante del Modelo 790 presentado por el aspirante, en lugar de su DNI, Apellidos y Nombre.

Es “muy importante” conservar (anotar y recordar) el número de justificante durante todo el proceso de oposición a la hora de consultar notas, etc. pues en ningún caso se identificará al opositor con DNI o Apellidos y nombre (salvo en los llamamientos a examen, etc.)
La presentación se realizará por cualquiera de los medios siguientes:

Vía electrónica (PREFERENTE)
Haciendo uso del servicio para la Inscripción en Procesos Selectivos del Punto de Acceso General en la url: (https://ift.tt/1JuUFos) siguiendo las instrucciones que se le indiquen. siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve. en cualquiera de sus modalidades o (admlnistraclón.gob.es). La presentación por esta vi a permitirá:

La cumplimentación del modelo 790
Anexar documentos escaneados a su solicitud
Pago electrónico de las tasas
Registro electrónico de la solicitud
Via presencial (soporte papel)

Las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante la cumplimentación electrónica de la instancia en el modelo de solicitud 790 (https://ift.tt/1JuUFos) y su posterior presentación en el Registro General del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

IMPORTANTE: El abono de los derechos de examen o, en su caso. la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de exención total o parcial del mismo deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión del aspirante. En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de exención total o parcial del mismo. supondrá la sustitución del trámite de presentación. en tiempo y forma. de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

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Piden prisión para un jefe de obra por la muerte de un trabajador durante una reforma en 2018

La Fiscalía de Área de Gijón solicita una pena de dos años y cinco meses de prisión un jefe de obra por un accidente laboral con un fallecido en una obra en 2018.

Sobre las 16:00 horas del día 24 de octubre de 2018, la víctima, de 55 años, con la categoría de oficial de primera albañil, se encontraba trabajando en la reforma de una cuadra, para su adaptación como vivienda. Cuando caminaba por la cubierta cargando un maletín con herramientas, desprovisto de arnés, pisó la tela antihumedad que cubría uno de los huecos donde se iban a colocar claraboyas, que se rompió, lo que hizo que el trabajador se precipitase unos siete metros, falleciendo como consecuencia del grave traumatismo craneal sufrido.

La cubierta se encontraba tapada en su totalidad, incluidos los huecos mencionados, con tela negra impermeable, mientras que los huecos se encontraban señalizados mediante una cruz de color rojo.

Como causas del accidente se señalan la falta de previsión y planificación de las medidas de seguridad a adoptar, y la ausencia de sistemas de protección anticaídas, tanto colectivo como individual, ya que, pese a que así se contemplaba en el Plan de seguridad y salud de la empresa, aprobado por el coordinador de seguridad, en la cubierta no se habían instalado barandillas que impidieran el acceso y caída por los huecos abiertos, ni línea de vida para la utilización de arnés por los trabajadores que desempeñaban sus labores en ella, que además del fallecido eran otros varios.

Estas obligaciones en materia de seguridad competían al acusado, como jefe de obra, que, siendo consciente del riesgo que para los trabajadores que pudieran encontrarse en la cubierta suponía la ausencia de toda medida de protección anticaídas, consintió que los trabajos cuya supervisión le competía se desarrollaran en las condiciones descritas.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a un total de 2 años y 5 meses de prisión, multa de 9 meses con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la profesión de jefe de obra durante el tiempo de la condena. Abono de las costas procesales.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la esposa del fallecido con 203.000 euros, y a su hijo con 50.400 euros, todo ello más los intereses legales correspondientes, respondiendo directamente la compañía de seguros y, subsidiariamente, la empresa.

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Maquinaria vieja y trabajadores cada vez más mayores, una combinación mortal en el campo español

El sector agrario y ganadero está considerado, junto con la construcción y la minería, una de las actividades laborales más peligrosas que se pueden desempeñar según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, debería contar con unas garantías de seguridad que protejan al trabajador, pero según los datos no siempre es así.

Hasta junio de 2020, 44 personas han perdido la vida trabajando en actividades agrarias, lo que supone un aumento de 23 empleados respecto al mismo periodo de 2019, año que finalizó con 59 fallecidos. Los motivos son variados, pero las organizaciones coinciden en que uno de los principales es el estado de la maquinaria que se utiliza, como pueden ser los tractores, ya que considera que están claramente envejecidos.

Además, desde el sector creen que los accidentes laborales mortales que se contabilizan como tal no representan la realidad sino una parte, ya que en muchas ocasiones se producen con personas jubiladas o mayores de 65 años y no aparecen en las estadísticas. Según AgroInformación, tan solo el 6% de los accidentes mortales en el campo se consideran laborales, por lo que las cifras aparentan ser mucho más elevadas de las que contabiliza el Ministerio de Trabajo.

El tractor es uno de los vehículos que más presente está en este tipo de accidentes. Su gran tamaño, su escasa velocidad y su estado son factores que influyen en estos datos, a lo que se le debe sumar el exceso de confianza de los conductores y la ausencia de medidas preventivas.

Diego Juste, responsable de comunicación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) cuenta a cómo está la situación en el sector: “En lo que va de año se han registrado menos accidentes laborales, pero sin embargo hay más mortalidad, y todo ello con una disminución de la población activa, es decir, hay menos personas trabajando y mayor número de fallecidos. El ratio demuestra que la situación es muy grave”.

Para Juste, los motivos que explican estos acontecimientos son dos principalmente: “Un parque de tractores muy envejecido y una edad media de los trabajadores muy alta, muchas veces por encima de los 75 años”. Este hecho referencia con exactitud la evolución del trabajo en el campo, donde muchos jóvenes han decidido no seguir los pasos de sus antecesores y han emigrado, provocando que se reduzca la inversión en maquinaria, que poco a poco ha ido envejeciendo, al igual que sus dueños.

Mari Paz Martín, responsable técnica de Riesgos Laborales de la organización agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) explica que una de las reivindicaciones que tenían se ha cumplido con este Gobierno: “Este año han aplicado una mayor partida del presupuesto en la inversión del plan renove de maquinaria, algo que veníamos solicitando hace tiempo”.

Además, en abril de este año el ejecutivo aprobó el real decreto 448/2020, en el que, entre otras medidas, se prohíbe la venta de tractores de más de 40 años: “Son vehículos que no cumplen las condiciones de seguridad ni de medio ambiente, por lo que con esta medida no se va a poder cambiar la titularidad, salvo cuando sea una herencia, evitando así que se vendan”, asegura Martín.

Por último, en un sector donde el mercado de segunda mano es muy importante, y para evitar la introducción en el sector agrario español de maquinaria contaminante, el real decreto también estableció que se prohíbe la utilización de tractores y otro tipo de máquinas que provengan de otros países y que hayan sido registradas antes de 2001, que es cuando se estableció la normativa europea de gases y partículas contaminantes.

Tanto desde la UPA como desde COAG, coinciden en que es necesario una importante campaña a todos los niveles que haga ver a los asalariados los riesgos reales que corren y tomen las medidas de seguridad necesarias para ello. “Es importante que llegue a todos los trabajadores y a los propietarios de la maquinaria, para que les advierta”, señala la responsable del COAG.

Desde la UPA, David Juste admite que a los agricultores y ganaderos españoles “les falta una clara labor de concienciación, sobre todo a la hora de tomar las medidas de seguridad, porque muchas veces se reduce a una cuestión personal y está en juego en su vida”.

Para ayudar en este tipo de labores, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han creado Agri-Preven, un proyecto que se dedica precisamente a la prevención de riesgos laborales en este sector, bajo el lema “En el campo, trabaja sin riesgos”. Juste cuenta que su labor es “mediante cursos de formación, campañas en redes, folletos o vídeos tratar de hacer ver que se tienen que extremar más las precauciones”.

Por último, el responsable de la UPA espera que la evolución del trabajo en el campo sea parecida a la que ha tenido el sector de la construcción, donde hace no tantos años apenas se tenían en cuenta las medidas de seguridad y en la actualidad se cumplen a rajatabla.

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