miércoles, 29 de abril de 2020

Coronavirus en Ecuador: El COVID-19 entrará a la categoría de enfermedades profesionales

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El COVID-19 entrará en la categoría de las enfermedades profesionales y será incluida dentro del Código de Trabajo, según lo determina la primera disposición reformatoria del proyecto urgente de Apoyo Humanitario.

La propuesta urgente del Ejecutivo que entrará el jueves a primer debate, reforma el artículo 363 del Código de Trabajo y dispone la inclusión dentro de la clasificación de enfermedades profesionales los “síndromes respiratorios agudos causados por virus”.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Luis Poveda Velasco, el pasado 28 de abril, emitió una resolución donde determina que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia.

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Muere un joven de 24 años electrocutado en Picassent

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Un joven de 24 años ha fallecido tras sufrir una descarga eléctrica cuando se encontraba trabajando en las reformas de un chalé situado en la partida del Realón de Picassent. El operario se encontraba manejando una hormigonera conectada a un enchufe cuando se ha producido el accidente laboral.

Dos compañeros, que estaban en ese momento en otros trabajos del chalé, al percatarse de lo ocurrido han trasladado rápidamente al trabajador electrocutado al centro de salud de Picassent en su propio vehículo, a la vez que alertaban a los servicios de emergencia.

Pese a los intentos de los sanitarios por reanimarlo, así como del personal de la ambulancia del SAMU desplazada al lugar, el joven, de 24 años, ha fallecido finalmente en el citado centro de salud.

El accidente laboral se ha producido minutos después de las doce del mediodía cuando el trabajador manipulaba una hormigonera conectada a la electricidad. Al parecer, el joven habría sufrido una descarga al tocar la hormigonera, por lo que se investiga si ésta tendría algún tipo de derivación.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil, que investigan ahora las circunstancias en las que se ha producido la descarga eléctrica y posterior fallecimiento del operario.

En torno a las 15.00 horas el cadáver del trabajador, que permanecía en el centro de salud de Picassent, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde mañana se le realizará la pertinente autopsia.

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Castilla-La Mancha destinará 2,1 millones para sufragar acciones prevención en riesgos laborales en las empresas

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La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha detallado que su equipo está trabajando para garantizar la seguridad en el trabajo para cuando regrese la “normalidad”, acciones encaminadas también a promover “la divulgación de la cultura preventiva” en las empresas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la voluntad de los agentes sociales de llegar a un acuerdo en un plan de medidas para evitar que el impacto coyuntural del COVID-19 tenga secuelas estructurales en la economía castellano-manchega. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha presidido la reunión con los agentes sociales, en la que ha ahondado en un plan de medidas propuesto por el ejecutivo autonómico para encarar los primeros efectos de la crisis del COVID-19, y que sitúa la prevención de riesgos laborales como una de sus líneas de acción, tanto en el ámbito de la reducción de la siniestralidad laboral como en el nuevo desafío de la contención del COVID-19 en los entornos de trabajo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido un nuevo encuentro con los responsables de patronal y sindicatos de la región. En esta reunión, en la que también han tomado parte el vicepresidente del Gobierno, Jose Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, el Gobierno regional y los agentes sociales han acercado posturas en las líneas que configuran el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación económica, propuesto a los agentes sociales por parte del Ejecutivo autonómico. Así lo ha avanzado Patricia Franco, que tras la reunión ha subrayado la “voluntad de acuerdo” para que la reconstrucción económica sea “lo más rápida posible”.

“Agradecemos la buena sintonía con los agentes sociales y la confianza absoluta y lealtad institucional que existe”, ha remarcado la consejera, que ha recordado que la voluntad de acuerdo y el clima de consenso “viene siendo siempre una tónica común de nuestras relaciones, pero que se ha visto reforzada por la necesidad de fijar mediante acuerdo las prioridades inmediatas de la recuperación económica y social de la región”, un desafío “que la ciudadanía espera que cumplamos aquellos que ostentamos responsabilidad en el ámbito público y en la representación de trabajadores, pymes y autónomos”.

Ese espíritu de consenso se ve fortalecido en las actuales circunstancias, “para avanzar en las decisiones que tome el Gobierno, en el marco del diálogo social con los agentes sociales, para paliar los efectos de la crisis en pymes, trabajadores y autónomos”, y que tienen como fin “que la paralización de la actividad productiva, que ha llevado el latido económico de la región a un ritmo basal, no se cronifique y no tenga efectos estructurales en nuestra economía, y podamos avanzar rápido en la reconstrucción”, ha explicado Patricia Franco, que ha enfatizado que ese diálogo se construye “por encima del ruido de fondo de algunas partes del país e incluso de la región, y con medidas realistas en comparación con algunas que se están poniendo sobre la mesa en el ámbito político con tintes más bien electoralistas”.

La concertación entre el Gobierno regional y los agentes sociales plantea entre sus líneas medidas en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y la seguridad en el entorno del trabajo. Patricia Franco ha anunciado que el Ejecutivo autonómico destinará más de 2,1 millones de euros a este eje, con líneas destinadas tanto a la reducción de la siniestralidad laboral, como a la inversión para la contención de los posibles contagios por COVID-19 en el entorno de trabajo.

“Contemplamos una serie de medidas que van a ir encaminadas a sufragar las inversiones que tengan que realizar empresas y autónomos en el ámbito preventivo, no solo para frenar la siniestralidad laboral, que ha sido siempre una de las estrategias que ha marcado nuestra política en el ámbito del trabajo desde la llegada de Emiliano García-Page al Ejecutivo, en 2015; sino también para prevenir la expansión del virus en el lugar de trabajo, una vez que se recupere la actividad productiva y volvamos a la normalidad”, ha dicho la consejera. Esas medidas irán destinadas tanto a inversiones en materia preventiva y de seguridad, como a acciones de divulgación y sensibilización, y se dirigirán de manera global al conjunto de la actividad productiva de la región, incidiendo en sectores específicos como el de la construcción.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha valorado el planteamiento de las medidas futuras para la recuperación económica de la región y el impacto de aquellas que ya se han puesto en marcha, como la agilización en la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la Línea Aval COVID-19, para garantizar el acceso a la financiación de pymes y autónomos de la región.

En la primera de estas medidas, la agilización en la tramitación y la resolución de ERTEs, Patricia Franco ha subrayado que en la región “hemos resuelto ya el 99 por ciento de los expedientes que se han presentado”, evitando recurrir, salvo alguna excepción puntual, al silencio administrativo, lo cual refuerza la seguridad jurídica para trabajadores y empresas. La consejera ha explicado que los ERTEs presentados en la región alcanzan a más de 100.000 trabajadores, en una medida que busca mantener el cordón umbilical que une a trabajadores y empresas durante la parálisis en la actividad comercial y productiva, evitando así la pérdida de empleos.

En el caso de la Línea Aval COVID-19, Patricia Franco ha avanzado que se están tramitando, por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca, 64 solicitudes de aval, lo que supone un importe aproximado de 6 millones de euros. La Línea Aval COVID-19 está dotada inicialmente con 15 millones de euros para respaldar operaciones de financiación para pymes y autónomos de la región, y cuentan con el compromiso de ampliar la dotación económica en el momento en el que la demanda supere la cantidad estipulada en primera instancia. Los avales respaldan operaciones de entre uno y cinco años, y tienen un coste operativo cero para pymes y autónomos, ya que éste es asumido por el Gobierno regional.

Además, dentro de las medidas articuladas desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la línea de atención especializada a trabajadores, empresas, autónomos y ayuntamientos, habilitada en el número de teléfono 900 22 22 32 y a través del correo electrónico empresasyempleo.covid19@jccm.es, ha atendido ya casi 3.320 consultas, “y seguiremos implementando recursos para que la información de los cambios normativos en materia económica y laboral lleguen de la manera más rápida y clarificadora posible al tejido económico de la región”, ha dicho Patricia Franco.

 

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La OMS advierte que no hay pruebas de que los pacientes recuperados de COVID-19 no puedan recaer

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que actualmente “no hay pruebas” de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de contraer una segunda infección por coronavirus.

En un informe científico, la agencia de las Naciones Unidas desaconsejó a los Estados la emisión de “pasaportes inmunitarios” o “certificados de estar libres de riesgo” a las personas infectadas, ya que no se puede garantizar su precisión.

La práctica en realidad podría aumentar los riesgos de propagación, ya que las personas que se han recuperado podrían ignorar los consejos sobre la toma de precauciones básicas contra el virus, advirtió la OMS.

“Algunos Estados han sugerido que la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, podría servir como base para un ‘pasaporte inmunitario’ o ‘certificado de estar libre de riesgos’ que permitiría a las personas viajar o volver a trabajar asumiendo que están protegidos contra una nueva infección”, dijo la OMS.

“Actualmente no hay pruebas de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”.

Chile indicó la semana pasada que comenzaría a entregar “pasaportes de salud” a las personas que se hayan recuperado de la enfermedad. Una vez examinados para determinar si han desarrollado anticuerpos para hacerlos inmunes al virus, podrían unirse de inmediato a la actividad laboral.

La OMS dijo que continúa revisando las pruebas sobre las respuestas de los anticuerpos al virus, que surgió en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado.

Las muertes causadas por el coronavirus en todo el mundo superaron el sábado el umbral de las 200.000. Un recuento de Reuters concluyó que los casos confirmados del virus llegarán a 3 millones en los próximos días.

La mayoría de los estudios han demostrado que las personas que se han recuperado de una infección tienen anticuerpos contra el virus, afirmó la OMS. Sin embargo, algunos de ellos tienen niveles muy bajos de anticuerpos neutralizantes en la sangre.

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martes, 28 de abril de 2020

28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo… ahora más que nunca

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El día 28 de abril fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada año se celebra como un recordatorio, una referencia que no debemos perder de vista en ningún momento porque tanto tú, como yo, como todos, somos conscientes de que la Seguridad y la Salud en el trabajo es importante los 365 días del año… y ahora más que nunca.

Nos ha tocado vivir como protagonistas, de una pesadilla donde un virus se ceba con la población mundial imparable y contagioso, llevándose por delante seres queridos… familia, amigos, nuestros mayores, profesionales de la salud, de seguridad… de todo ámbito laboral… pero resulta que no es un sueño y que es la realidad que nos rodea desde hace más de 40 días.

Hemos sido capaces de encerrarnos en casa, de teletrabajar mientras intentamos que nuestros hijos hagan las tareas diarias del cole, de darlo todo por salvar vidas en residencias, hospitales, de suministrar alimentos, de estar al pie del cañón en los supermercados, desinfectando las calles, velando por nuestra seguridad, cosiendo mascarillas, imprimiendo pantallas de seguridad en casa, donando alimentos, flores, radios… aplaudiendo aunque cada vez tengamos menos ganas de aplaudir…

Hemos aprendido lo que es un riesgo biológico, a conocer y diferenciar qué es una mascarilla quirurgica o una FFP2… a como se contagia el virus y las medidas de prevención que debemos tener para no contagiarnos ni contagiar a los nuestros…

La prevención es una profesión a la que nos dedicamos muchos en nuestro día a día y que ahora está en boca de todos y presente en todos los rincones y, cuando esto acabe, por que vamos a ser capaces de vencer a este dichoso bicho, recordad lo que hemos aprendido. Solo teniendo una verdadera cultura preventiva en todos los ámbitos podremos evitar accidentes ahora y cuando todo vuelva a la normalidad.

RESPONSABILIDAD ANTE TODOS Y PARA TODOS. JUNTOS LO CONSEGUIREMOS

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lunes, 27 de abril de 2020

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 – Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas

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Reconociendo el gran reto que enfrentan los gobiernos, empleadores, trabajadores y todas las sociedades en el mundo entero para combatir la pandemia de COVID-19, el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo se enfocará en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, prestando especial atención a la actual pandemia de COVID-19.

Crece la preocupación por el continuo aumento de las infecciones por COVID-19 en algunas partes del mundo y por la capacidad de mantener las tasas de disminución en otras. Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones se enfrentan a enormes desafíos mientras tratan de combatir la pandemia de COVID-19 y proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Más allá de la crisis inmediata, también existe la preocupación de reanudar la actividad de manera que se mantengan los progresos realizados en la supresión de la transmisión.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centrará en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el trabajo, centrándose en la pandemia de COVID-19. El objetivo es estimular el diálogo nacional tripartito sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La OIT utiliza este día para sensibilizar sobre la adopción de prácticas seguras en los lugares de trabajo y el papel que desempeñan los servicios de seguridad y salud en el trabajo (SST). También se centrará en el mediano y largo plazo, incluidas la recuperación y la preparación para el futuro, en particular, la integración de medidas en los sistemas y políticas de gestión de la SST a nivel nacional y empresarial.

Informe – Frente a la pandemia: Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo  destaca los riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) derivados de la propagación de COVID-19. También explora medidas para prevenir y controlar el riesgo de contagio, riesgos psicosociales y ergonómicos, y otros riesgos de SST asociados con la pandemia. La Declaración del Centenario de la OIT, adoptada en junio de 2019, declaró que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. Esto es aún más significativo hoy en día, ya que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable en el manejo de la pandemia y la capacidad de reanudar el trabajo.

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domingo, 26 de abril de 2020

¿Qué pasa si hay casos de contagio por coronavirus en el campo? El sector se niega a asumirlo como accidente de trabajo

Estudio de campo para la comprobación de las condiciones de seguridad durante la utilización de la maquinaria agrícola. Abonadoras centrífugas.

El inicio de la campaña frutícola ha sacado a primera plana uno de los graves problemas que todo el sector hablaba en privado. ¿Qué puede pasar si se da un caso de contagio por coronavirus en la recolecta?

El responsable sectorial de la Fruta Dulce de JARC, David Borda, ha dejado claro que considera inaceptable que el coronavirus se considere como accidente de trabajo. “No se puede establecer con ningún tipo de seguridad que el origen del contagio sea el puesto de trabajo, puede haberse contagiado antes o con el contacto con otras personas a su domicilio”.

Borda añade que “se tiene que tener en cuenta también, que cualquier contagio por coronavirus implicará que el resto de la plantilla tendrá que entrar en cuarentena, y el titular de la explotación se quedará sin personal para continuar con la cosecha, dadas las dificultades que implica encontrar mano de obra con el confinamiento.”

Las restricciones y normativas relativas al movimiento de trabajadores en el ámbito nacional e internacional han provocado serias dificultades para conseguir temporeros calificados para el campo. Por otro lado, la sectorial pide una serie de medidas para facilitar el trabajo agrícola, como ampliar el número de ocupantes en el transporte al puesto de trabajo.

Los fructicultores asumen su responsabilidad, como actividad esencial que son ante el COVID-19, de continuar produciendo, con las dificultades añadidas derivadas del estado de alarma. Esta situación excepcional sin embargo se suma a la crisis estructural de precios que arrastran los productores agrarios.

La presión que soporta los fructicultores no para de aumentar, y por este motivo el jefe sectorial de la Fruta Dulce de JARC reclama algunas medidas de apoyo para las empresas paralizadas por el virus, como que la aseguradora agraria habitual, vehiculada a través Agroseguro, con apoyo económico estatal y/o autonómico, financie el 70% de la producción que no se pueda recolectar.

Así mismo exige que el CadeCAT (Agencia Catalana encargada del control de contratos alimentarios) y AICA (Agencia de Información y Control Alimantarios) velen porque se cumpla la ley; se formalicen contratos donde conste el precio que percibirá el productor y se cumplan los plazos de pago.

REIVINDICACIONES CONCRETAS DE LA SECTORIAL DE LA FRUTA DULCE DE JARC

1. Que el Covid-19 se considere dolencia común en el sector agrario, en lugar de considerarse accidente de trabajo el contagio por coronavirus. El empresario se compromete obviamente a aportar los EPI necesarios y cumplir con las medidas de seguridad sanitarias.

2. En el transporte de trabajadores de su lugar de residencia hasta las fincas, y al revés, se pueda ampliar la ocupación de vehículos hasta 2 personas por hilera de asientos, siempre que dispongan de los EPI necesarios.

3. Si la baja por Covid-19 del titular de la explotación o del personal contratado, implica no poder proceder a la recolección de alguna variedad. Hace falta que a través de Agroseguro con el apoyo del Estado y/o de la Generalitat, se indemnice con un 70% del valor de la producción no recolectada.

4. Exigir al AICA y al CadeCAT que controlen que se hacen los contratos con precios a percibir por los productores y se cumplen los plazos de pago a 30 días.

5. Activación de todos los mecanismos de retirada, tanto planes operativos (PO) para socios de organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH), como de extraordinarias (por no socios de OPFH). Porque en el caso de precios bajos o falta de mano de obra, se pueda activar la medida de no cosecha (la más recomendable en un escenario donde falte mano de obra) limitada a un máximo de 5 hectáreas/explotación, porque se pueda beneficiar o acceder todas las explotaciones fructícolas que lo necesiten.

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El COVID-19 pone en primer plano la seguridad en el día de la salud laboral

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Proteger de forma adecuada a los trabajadores de los servicios esenciales y teletrabajar en correctas condiciones son este año, en plena crisis del COVID-19, más necesarios que nunca en el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril.

La declaración del estado de alarma confinó a los ciudadanos en sus casas, dejando abierto al público sólo aquellos servicios esenciales, sanitarios, supermercados o farmacias, que en muchas ocasiones han continuado trabajando sin los equipos de protección adecuados, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos.

Tampoco otros sectores que permanecieron activos garantizaban la salud y seguridad de sus trabajadores, siendo los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados importantes vectores de propagación del virus.

UGT y CCOO llevan exigiendo desde el principio que los trabajadores que mantengan su actividad cuenten con los equipos de protección individual (EPI) y las medidas de seguridad que les salvaguarden del contagio del coronavirus y garanticen su salud.

Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la ley a proporcionar a los trabajadores esta protección, un extremo que vigila además la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ante la situación de desabastecimiento de dichos equipos y sistemas de seguridad y protección, ambos sindicatos han solicitado además al Gobierno que proporcione los test necesarios para la detección temprana de posibles positivos y frenar el contagio.

La cuarentena aplicada con el estado de alarma ha llevado también a casi la mitad de las empresas españolas a aplicar el teletrabajo, si bien de una forma improvisada, ya sea por no disponer de la tecnología adecuada para ello o por no haber proporcionado a sus trabajadores la formación en seguridad y salud en el trabajo a distancia.

Un estudio elaborado por la firma de recursos humanos Randstad aseguraba que el 42,8% de las empresas españolas se habían visto obligadas a implantar medidas de teletrabajo para poder continuar con su actividad durante el confinamiento, si bien muchas de ellas de forma improvisada.

Así, la mayoría no contaba con los recursos tecnológicos suficientes ni había ofrecido a sus empleados planes adecuados de formación. Antes de la crisis, muchos trabajadores deseaban poder teletrabajar, si bien se trataba de una opción poco extendida.

El 68% de los trabajadores quería teletrabajar pero no podía porque su empresa no se lo permitía, señala un estudio de la misma consultora.

De esta forma, sólo se beneficiaban de esta opción de trabajo a distancia el 7,9% de los ocupados, unos 1,5 millones de personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En la situación actual, Gobierno ha flexibilizado la normativa sobre la prevención de riesgos en el teletrabajo, de forma que es el propio trabajador el que evalúa si se cumplen las condiciones requeridas.

El trabajo a distancia, advierte el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede entrañar riegos para la salud, entre los más importantes, los de carácter psicosocial.

En el teletrabajo, hogar y puesto de trabajo ocupan un mismo sitio físico, lo que puede afectar a la conciliación de la vida familiar, a la socialización, dado el menor contacto con sus compañeros, o a las dificultades para desconectar del trabajo ante un acceso más permanente.

Ante esta situación, no han tardado en surgir iniciativas como la de Spases, una compañía canaria que oferta a las empresas espacios de teletrabajo en pisos turísticos cercanos a cada empleado con un espacio de trabajo, una silla cómoda, una buena conexión wifi, auto-acceso al inmueble y una máquina de café.

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miércoles, 22 de abril de 2020

Los enfermeros piden hueco entre los expertos y se quejan de sus casos positivos

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El Consejo General de Enfermería reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas que incluyan enfermeras en el grupo de expertos que planificará el desconfinamiento. “Entre todos los técnicos propuestos hasta el momento por las Comunidades Autónomas para planificar el desconfinamiento progresivo de la población no hay ni una sola enfermera”, denuncian.

Para el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, contar con la aportación de la profesión enfermera en este comité resulta fundamental por su condición de expertas en los cuidados, en el manejo de enfermedades crónicas y población mayor, en salud laboral, en las necesidades específicas de los niños y adolescentes, en salud maternal… “En definitiva, en todas las áreas asistenciales, de educación sanitaria, prevención y educación para la salud”, señala.

A su juicio, “se trata de una situación injusta, lamentable y ajena a la realidad que se está viviendo en todos los hospitales y centros sanitarios donde las enfermeras están demostrando su labor fundamental para cuidar, salvar vidas y vencer a esta pandemia, las competencias de las enfermeras como agentes de salud y profesional sanitario clave se han demostrado con creces en esta grave crisis sanitaria”.

Por ello, Pérez Raya ha hecho un llamamiento al Gobierno y las comunidades autónomas para que corrijan la situación actual e incluyan enfermeras en el comité de expertos “que puedan dar su visión esencial como expertas sanitarias y aportar todo su conocimiento para que se tomen las mejores decisiones posibles de cara a garantizar el desconfinamiento”.

“Existen enfermeras expertas en salud pública y en control y prevención de infecciones que tienen mucho que aportar. En definitiva, contar con la aportación de la profesión enfermera es fundamental para que este comité de expertos pueda tomar las decisiones adecuadas para que los pasos a dar se hagan con plenas garantías para la salud de la población”, defiende.

Además, Raya ha acusado al Gobierno de estar realizando una gestión “caótica y absolutamente descoordinada” y le ha pedido que “profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia, impulsando una coordinación real entre todas las comunidades autónomas y contando con los representantes de profesionales sanitarios”.

En esta línea ha calificado de “muy grave” la situación sobre la retirada de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad que estaba ya repartida por centros sanitarios de toda España, que considera que “puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales se siguen disparando”.

“Es una situación muy grave. Isabel Camacho, enfermera asistencial de atención primaria en Guadalajara, vicetesorera del Consejo General y miembro de la Comisión Ejecutiva, confirma que estas mascarillas llegaron el 7 de abril y los profesionales han estado diez días usándolas, confiando en que estaban protegidos cuando realmente no era así”, ha señalado.

“Estos hechos también han sido confirmados por enfermeras y enfermeros del Servicio Madrileño de Salud”, continúa. “Los profesionales nos siguen trasladando que no tienen material de protección suficiente y que lo que hay lo tienen que reutilizar durante tres y cinco días y que se siguen fabricando batas con bolsas de basura”.

Según los resultados preliminares de la última encuesta del Consejo General de Enfermería, en torno a 70.000 enfermeras han tenido o tienen síntomas compatibles con el Covid-19. “Esta puede ser una de las principales razones por la que los contagios de los profesionales se siguen disparando, tal y como ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Sanidad que reconocen 29.467 profesionales infectados, lo que supone ya el 15,67% de los casos confirmados en nuestro país”, señala.

El sindicato AMYTS traslada “la situación de indefensión de los profesionales”, quienes “están tomando decisiones en relación no a criterios clínicos”, sino a la escasez de material. A su juicio, “la gestión que está llevando a cabo el Gobierno es caótica y absolutamente descoordinada. Después de tener que esperar semanas para empezar a recibir material de seguridad ahora resulta que parte del que ha llegado es defectuoso y no cumple con las garantías necesarias”, denuncia. “Queremos recordar que los profesionales se están jugando la vida mientras que los responsables políticos no son capaces de garantizar la eficacia y seguridad de los materiales que compran, como estas mascarillas o los miles de tests defectuosos”.

Por ello, pide al Ministerio de Sanidad “que profesionalice de una vez por todas la gestión de la pandemia, impulsando una coordinación real entre todas las comunidades autónomas y contando con los representantes de profesionales sanitarios para que, uniendo fuerzas, se puedan adoptar las decisiones necesarias en base a la realidad existente en los hospitales y centros sanitarios”.

En España hay 12.298 sanitarios infectados por coronavirus, un 14,4% del total de casos positivos registrados. Al menos seis profesionales han fallecido por este motivo
Pérez Raya apostilla que “hace falta una coordinación científica e independiente que tome las decisiones sin condicionamiento político o ideológico alguno, motivado solo por la salud pública”.

“Llueve sobre mojado”, lamenta en el comunicado. “Es incomprensible que siendo el país con mayor número de profesionales contagiados, a día de hoy sigan así, sin el material adecuado. Son muchos los centros sanitarios que siguen sin disponer de todo el material de seguridad necesario para poder prestar la asistencia sanitaria sin necesidad de jugarse la vida”.

“Todavía hay miles de profesionales que no tienen trajes EPIs adecuados, mascarillas, batas, protecciones oculares adecuadas, guantes…”

“Todavía hay miles de profesionales que no tienen trajes EPIs adecuados, mascarillas FFP2 o FFP3, batas impermeables, protecciones oculares adecuadas, guantes…”, prosigue. “Seguimos obligando a los profesionales a jugarse su vida y a poner en riesgo la de sus familias porque al volver a casa conviven con ellos”.

“Por todo ello, pedimos al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que de una vez protejan a nuestros profesionales sanitarios como es debido, reconociendo una protección de máximos en los protocolos, dotando del número y calidad necesarios los equipos de protección individual, no recomendando su reutilización y realizando test masivos a los profesionales que están en primera línea combatiendo esta emergencia sanitaria”, concluye.

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Más de 1.000 trabajadores de residencias y centros de discapacitados usaron mascarillas defectuosas

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Hasta 15 residencias de mayores y seis centros para personas con discapacidad del sistema público llegaron las Garry Galaxy, las mascarillas que hace cuatro días Sanidad ordenó retirar porque no cumplían con la normativa europea ni con ninguno de los parámetros de la Asociación Española de Normalización.

En la respuesta que la Agencia Madrileña de Atención Social ha enviado al sindicato Csif, que pidió datos sobre a cuántos profesionales de estas áreas públicas había afectado el envío de estas mascarillas, confirman que las usaron 880 trabajadores de residencias, 224 de los centros para personas con discapacidad y tres trabajadores y dos voluntarios de los Servicios Centrales en la Unidad de Salud Laboral. “1.109 trabajadores que han solicitado la realización del análisis microbiológico mediante la técnica PCR”, reza el escrito; 337 se han programado para este martes.

Elena Moral, presidenta del sector de Administración General de la Comunidad de Madrid (AGCM) de CSIF Madrid, cuenta que se enviaron “a las residencias más grandes, donde hay más afectación, más número de fallecidos y más trabajadores infectados. Aunque esto es algo que hemos tenido que averiguar nosotros, porque la Comunidad no quiso darnos esa información”.

Moral apunta, por ejemplo, a “la reina de las residencias”, la Doctor González Bueno, la más grande Madrid con capacidad para 617 internos. También a El Carmen, a la Francisco de Vitoria, —“con una tasa alta de mortandad”, se calculan entre 50 y 60 fallecidos durante la pandemia—, o la Reina Sofía. Y entre los centros ocupacionales, pone el ejemplo de la Residencia y Centro de Día de Getafe, “donde 70 de los 224 trabajadores las usaron”.

La paradoja es que las mascarillas fueron a parar a los lugares más críticos: “Se suponía que tenían que garantizar la inmunidad, así que las soltaron en esos centros. Que para que nadie lo olvide, el índice de muertos en residencias es un tercio de los muertos en Madrid”. Según los últimos datos, desde el 8 de marzo han fallecido en estos lugares 5.272 residentes mayores, con enfermedad mental o discapacidad en relación con la pandemia; de ellos, los que no fueron testados 4.435, no cuenta en el balance oficial de víctimas.

“Estamos mandando a los trabajadores al matadero”, espeta Moral, que explica que las Galaxy, como los nuevos monos que llegaron, “se están dando a los trabajadores que están en zona roja, los que se considera que tienen el virus, que son positivos seguro”, aunque no se les ha hecho ninguna de las pruebas para comprobarlo. “Tampoco se les ha impuesto ahora, tras usar las mascarillas, ninguna medida, están trabajando como cualquier otro y es más, a veces se necesita apoyo en otro módulo o tienen que colaborar con algo y se mueven por la residencia sin problema”, denuncia.

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viernes, 17 de abril de 2020

Nuevo curso «CORONAVIRUS Y TRABAJO»

Para formar a los trabajadores sobre este riesgo biológico y cumplir con las obligaciones legales de las empresas que deben formar e informar a sus trabajadores.

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jueves, 16 de abril de 2020

Publicada la Especificación UNE para facilitar la fabricación de mascarillas reutilizables

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La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la Especificación UNE 0065, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir las mascarillas higiénicas en cuanto a los materiales que se utilizan para su elaboración, su confección, marcado y uso; el documento desarrolla las diferencias entre las mascarillas dirigidas a adultos o a niños.

Se trata de un documento que facilitará la fabricación de mascarillas reutilizables en el volumen que sea necesario, ofreciendo a los ciudadanos protección barrera ante la pandemia del COVID-19. UNE pone este documento a disposición gratuita de toda la Sociedad y puede descargarse, así como la serie UNE 0064 sobre mascarillas no reutilizables, en la web de UNE.

La Especificación UNE 0065 proporciona indicaciones de colocación, uso, retirada, almacenaje y lavado, fundamentales para garantizar la protección para la que han sido diseñadas, tanto en el primer uso como en los posteriores.

En la elaboración de la Especificación UNE 0065 Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso han participado el Ministerio de Sanidad; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Ministerio de Consumo; Ministerio de Trabajo y Economía Social; AEMPS; INSST; CIE; FENIN; AITEX; ASEPAL; IBV; COIIM; EURECAT; LEITAT y TEXFOR.

El conjunto de normas sobre mascarillas higiénicas responde a la gran demanda de sistemas y productos barrera. Se trata de una aportación relevante para apoyar a los centenares de empresas están haciendo un esfuerzo extraordinario en la producción de material de protección en el combate contra el coronavirus; algunas lo fabrican habitualmente, pero para muchas es un campo nuevo.

Las mascarillas higiénicas están destinada a personas adultas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento técnico “Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COViD-19” publicado por el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales, para disminuir el riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social.
Esta Especificación no aplica a las mascarillas quirúrgicas que deben cumplir la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019; ni a las medias máscaras filtrantes de protección contra partículas que deben cumplir la Norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

Las mascarillas higiénicas descritas en las Especificaciones UNE 0064-1 (adultos), UNE 0064-2 (niños) y UNE 0065 (ambos) proporcionan a la ciudadanía una barrera de protección bacteriana frente a partículas, junto a unos requisitos de respirabilidad que permiten estar protegidos y poder continuar con la vida diaria a la hora de utilizar la mascarilla. Se trata de una medida fundamental junto al resto de medidas de distanciamiento social para enfrentarnos al escenario actual. La reutilización está sujeta a unas condiciones de lavado, secado y mantenimiento que se describen en la Especificación UNE 0065.

En la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se puede consultar el listado de fabricantes españoles que proporcionan los tejidos recomendados en el documento.

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miércoles, 15 de abril de 2020

TRABAJOS CON RIESGO DE COVID-19

Las empresas que siguen trabajando durante el periodo de alarma, ¿qué tienen que hacer con sus trabajadores?

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lunes, 13 de abril de 2020

TRABAJAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

Respondemos a las preguntas ¿Quién tiene que ir a trabajar? y ¿Hay que hacer una evaluación de riesgos para el teletrabajo?

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viernes, 10 de abril de 2020

Las empresas sin medidas de protección serán las responsables del contagio de sus trabajadores

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El BOE de este miércoles incluye un Decreto Ley en el que, además de flexibilizar las condiciones para contratar temporeros para el campo, modifica varias de las medidas tomadas hasta el momento para hacer frente a la crisis sanitaria.

Entre estos cambios destaca el que afecta a la baja por contagio o aislamiento. Desde el 11 de marzo, se consideraba en cualquier caso una incapacidad especial “asimilable” a los accidentes de trabajo. Y ese asimilable significa que se cobra la prestación del 75% desde el día siguiente a cargo de la Seguridad Social. Pero solo le aplicaban las reglas de accidente de trabajo para eso, para el cobro del subsidio, no el resto.

La modificación establece un matiz: si se prueba que el contagio se producido de forma exclusiva por la realización del trabajo –pensemos en sanitarios, trabajadores de residencias de mayores, de supermercados– se trata de un accidente de trabajo normal. Y eso significa que le aplican todas las reglas en estos casos, incluidos los recargos en las prestaciones a cargo de la empresa, las indemnizaciones por fallecimiento o, si se diera el caso, las responsabilidades civiles o penales.

Así, el Decreto Ley menciona la Ley de la Seguridad Social que establece que son accidente laboral las enfermedades “que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”.

Según la misma norma, en el caso de que no se hayan guardado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, se obligará al empresario a pagar recargos de la prestación de entre un 30 y un 50% según la gravedad de la falta. Además, los trabajadores tendrán derecho a las indemnizaciones por fallecimiento y otras similares establecidas para los accidentes de trabajo convencionales.

En paralelo, el hecho de que se considere accidente de trabajo –y no solo a efectos de prestaciones– recuerda que, si se diera el caso, la empresa podría asumir consecuencias civiles o penales.

 

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El Gobierno recomienda el uso de mascarillas a partir del lunes para volver al trabajo

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El Gobierno recomienda el uso de mascarillas, las llamadas higiénicas, a partir de la próxima semana, tras caducar la suspensión del trabajo de las actividades no esenciales y cuando miles de españoles va a regresar a su empleo. Lo hace dos días después de que haya aconsejado esta medida el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Se trata de mascarillas de barrera, que hasta ahora sólo parecían útiles para las personas enfermas, y que son totalmente distintas a las que usa el personal sanitario.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha anunciado, en rueda de prensa tras la celebración de Consejo de Ministros extraordinario, que ha aprobado nuevas medidas económicas. La recomendación es “especialmente” para el trayecto a los centros de trabajo cuando se utilice el transporte público.

El Gobierno va a activar la producción nacional de mascarillas, para que se pueda cumplir con esta nueva medida. Y por eso las va a distribuir a partir del lunes en estaciones de Metro y Cercanías. “Como lo recomendamos, lo vamos a facilitar”, ha dicho el titular de Sanidad, que ha concretado además que se trata de mascarillas reutilizables.

Illa ha recordado que, aunque han concluido los días de permiso retribuido impuesto estas dos últimas semanas, “seguimos en fase de confinamiento hasta como mínimo el 26 de abril”, que es la fecha de finalización de la segunda prórroga del estado de alarma. Esto supone que sólo se puede salir de casa para ir a trabajar, en los sectores donde esté permitido y en el caso de que no sea posible el teletrabajo, para hacer la compra de productos básicos o acudir a la farmacia. “No estamos en fase de desescalada, lo estamos preparando, pero no estamos en esta fase”, ha afirmado el ministro.

Por ello, por las fiestas de Semana Santa, en unas comunidades la vuelta al trabajo, donde está permitido, se hará el lunes y en otras el martes, Illa ha insistido en las recomendaciones de que las personas con síntomas, aunque sea leves, o en contacto con alguien con coronavirus, “no deben acudir” y los que no presentan problemas lo hagan andando o en bicicleta. Si se hace en coche, una persona en cada fila. Y tanto en bus como en metro se debe respetar la distancia de como mínimo un metro y si es posible dos. Además en las empresas es necesario garantizar esta distancia, también en las zonas comunes, para que en ningún caso se produzcan aglomeraciones de personal . Lo mismo en los lugares donde se atiende al público. También se pide a los empresarios que escalonen las entradas a los centros de trabajo para que no haya multitudes en horas concretas, tanto en las empresas como en los transportes públicos,

A todos estos consejos, que se van a compilar en una Guía de Buenas Prácticas, que se distribuirá a lo largo del fin de semana, se une la recomendación del uso de mascarillas. La finalidad de todas ellas es “limitar al máximo los contagios”.

El ministro ha asegurado que incluso cuando se pueda aliviar la situación de confinamiento nos adentraremos “en una nueva normalidad”. “No es cruzar una puerta es andar un pasillo”, ha dicho dando por hecho que la situación de control de la enfermedad durará meses.

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martes, 7 de abril de 2020

Sancionada una empresa de ascensores por no informar a los delegados de prevención

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid ha elaborado un acta de infracción a la empresa Thyssenkrupp Elevadores, tras la denuncia interpuesta por CCOO, ante el “incumplimiento reiterado de esta compañía del derecho a la información por parte de las personas delegadas de prevención”, según ha informado este sindicato a través de un comunicado.

La empresa argumentó en su defensa que no entregaba las deficiencias del centro solicitado a los delegados por una “cuestión de confidencialidad”. Sobre este extremo, desde CCOO apunta que esta es “una excusa muy recurrente” para las empresas en este tipo de situaciones y recuerdan “que no las exime de facilitar la información necesaria (que no la documentación)” de los riesgos existentes en el centro de trabajo, así como de las medidas preventivas oportunas para trabajar en él.

Ante esta situación, los responsables sindicales presentaron la denuncia una denuncia por la “vulneración de un derecho fundamental” de los delegados de prevención y, además, “muy necesario para poder llevar a cabo un trabajo real y efectivo en la prevención de todo tipo de riesgos laborales” en la empresa.

La Inspección notificó a la empresa que debía entregar dicha información relativa a ese centro de trabajo, y le hizo el consiguiente requerimiento de notificar toda la información que había sido solicitada por los delegados desde el 3 de septiembre de 2019 ante la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De este modo, y según las explicaciones del sindicato, la empresa “no facilitó la información necesaria y requerida” de las deficiencias del centro y las medidas preventivas adoptadas, lo que provocó que la Inspección levantase un acta de infracción a Thyssenkrupp Elevadores por el incumplimiento de los artículos 18 y 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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La concentración del coronavirus en la garganta, posible causa de la pérdida de olfato y gusto

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Un estudio publicado esta semana en la revista Nature revela nueva información acerca de cómo actúa el coronavirus SARS-CoV-2 cuando no se instala en los pulmones, como en los casos más graves, sino en el tracto respiratorio superior, incluidas la nariz y la garganta.

El estudio detectó el SARS-CoV-2 en muestras de la nasofaringe, garganta y esputos de nueve pacientes con síntomas leves. Y lo hizo en concentraciones “extremadamente altas”, en palabras del médico del hospital Schwabing de Múnich (Alemania) y coautor del estudio, Clemens Wendtner. Por el contrario, no lo encontró en aislados de heces, orina y sangre.

Las concentraciones pico del coronavirus se alcanzaron antes del día cinco y, además, se aislaron virus vivos. En comparación, los niveles en pacientes de SARS son más de 1.000 veces inferiores y tardan hasta 10 días en llegar a su máximo. Todo esto prueba, según los autores, que existe una multiplicación activa en el tracto respiratorio superior de estos pacientes leves de COVID-19. También alimenta la teoría de que los infectados con síntomas leves desempeñaron un papel fundamental en la propagación de la pandemia.

Esta alta carga viral en el tracto respiratorio superior, “de hasta 109 por mililitro”, explica “parcialmente”, según declara Wendtner, por qué algunos pacientes sufren pérdida de olfato (hiposmia) y de sentido del gusto (hipogeusia). Es una conclusión que comparten investigadores que no han participado en el estudio como Rosalind Smyth, de la University College de Londres (Reino Unido). “La alta replicación [del coronavirus] en el tracto respiratorio superior también puede explicar la pérdida de gusto y olfato” en algunas personas, “incluso en aquellos con pocos síntomas”.

No está claro, sin embargo, por qué el coronavirus muestra esa predilección por las gargantas. “Habrá que investigar si son los receptores ACE2 u otros el puerto de entrada del SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior”, aclara a SINC Wendtner. Smyth considera el estudio “importante a pesar de limitado número de pacientes”, debido a la escasez de datos de pacientes leves como los aportados por Wendtner y su equipo.

El hecho de que la carga viral sea tan alta en la garganta al poco de comenzar los síntomas “ayuda a explicar por qué el virus es tan infeccioso”, ya que “puede ser transmitido por gotitas del tracto respiratorio superior antes de que la gente sea consciente de que está infectada”.

“Los resultados apoyan el uso de simples hisopos en la garganta para diagnosticar la infección, y subrayan la eficiente transmisión del virus cuando los síntomas son leves”, añade el investigador de la Universidad de Warwick Lawrence Young, que tampoco ha participado en el estudio. “La expulsión de virus de forma prolongada en los esputos sugiere que los pacientes deben permanecer aislados en casa tras salir del hospital”.

Wendtner cree que los resultados de su trabajo “justifican” las estrategias protectoras entre la población. “El uso de mascarillas por parte de la mayoría de la población, incluso hechas con tejidos, sería una conclusión del estudio”, asevera. En este sentido, cita las últimas recomendaciones de la Academia academia alemana de las ciencias naturales Leopoldina, que apuntan al “uso generalizado” de estos mecanismos de contención.

Young también considera un descubrimiento “significativo” que se desarrollen anticuerpos durante la segunda semana de los síntomas, lo que “parece correlacionarse con una declinación en la replicación”. En su opinión, “esto mantiene nuestras esperanzas de que una vacuna dirigida contra la proteína S (que permite que el virus entre en las células) podría ser efectiva”.

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lunes, 6 de abril de 2020

Sanidad llama a cooperar a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el control y mitigación de la expansión del coronavirus

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El Procedimiento de actuación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales ante el nuevo Coronavirus publicado por el Ministerio de Sanidad y actualizado semanalmente, llama a cooperar con las Autoridades Sanitarias a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, tanto Ajenos como Propios, solicitando la adaptación de su actividad con el objetivo general de limitar los contagios de SARS‐CoV‐2 en el entorno laboral.

Desde la Organización Empresariales de Servicios de Prevención Ajenos han traslado al Ministerio de Sanidad su total colaboración y compromiso con la salud de los trabajadores, más en la situación actual en la que se precisa del apoyo y responsabilidad de todos los operadores esenciales para reducir sus graves consecuencias.

Para este cometido la Administración ha dotado de nuevas competencias a estas entidades, principalmente, en la realización de la investigación y seguimiento de los llamados contactos estrechos en el ámbito laboral (personas que en diversas casuísticas han estado en contacto con personas sintomáticas por el nuevo coronavirus).

Colaboración en la Gestión de la Incapacidad Temporal

De igual manera serán estas entidades quienes colaboraren con la Administración en la gestión de la Incapacidad Temporal de los trabajadores, elaborando los Servicios Sanitarios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el preceptivo informe para que quede acreditada la indicación de incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los servicios de atención primaria, su tramitación.

El Sector de los Servicios de Prevención Ajenos cuenta con más de 300 operadores repartidos por toda la geografía española, y con miles de profesionales; médicos, enfermeros, técnicos en prevención, ingenieros, etc. quienes son la punta de lanza para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores de nuestro país.

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Mascarillas ¿cuál debo comprar? ¿es obligatorio?

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Encontrarlas es casi misión imposible en España, y aún así el Gobierno estudia ahora recomendar (e incluso obligar) a los ciudadanos a llevarlas, no solo a sanitarios y pacientes, sino también a las personas sanas.

El Gobierno pedirá llevar mascarilla: cuál hay que comprar y cómo usarla

Esa fue la idea que trasladó el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que este domingo se vio obligado a matizar. Primero, porque esta recomendación choca con la postura mantenida hasta ahora por el Ejecutivo, cuando solo defendía su uso en pacientes con síntomas y en personas que estuvieran en contacto con claros positivos. Segundo, porque hay demasiadas preguntas. Si finalmente Sanidad decide recomendarlas, ¿será obligatorio su uso?

¿Qué pasa si no las encontramos?

“El Gobierno no exigirá nada que no se pueda cumplir”, sostuvo Illa en Moncloa, desde donde recalcó que todavía no hay una decisión firme al respecto. “Cuando la tengamos decidida en base al criterio de los expertos, la daremos a conocer”.

Las farmacias, mientras tanto, miran con expectación la nueva postura del Gobierno, pues desconocen cómo las distribuirán, si será necesaria una receta y cómo se va a acabar con el desabastecimiento. “Hay mucha escasez de mascarillas”, explica Ana López-Casero, del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que cuenta con 22.000 farmacias en su red. “Hay falta de suministro y las pocas que hay son a precios desorbitados. Pedimos a Sanidad que fije el precio en origen para evitar la especulación”.

El coronavirus ha conseguido disparar el precio del producto estrella de la crisis. Tanto es así, que en algunos casos “se ha multiplicado hasta por diez”. En cifras: si antes un farmacéutico compraba una mascarilla quirúrgica (la verde básica) a 0,40 céntimos, ahora la puede encontrar por entre 3 y 5 euros. El precio de venta al público, por supuesto, es superior:puede oscilar entre los 4 y los 6 euros, cuando antes se vendían a 0,55.

“Cada día muchas farmacias reciben llamadas, mensajes, de empresas ajenas al sector ofreciendo mascarillas a precios desorbitados”, añade López-Casero, quien desaconseja su compra online. “Si hay desabastecimiento en las farmacias menos en Internet, desconfía de la calidad. Tienen que tener el marcado CE, el marcado de la Unión Europea”. En Amazon, por ejemplo, basta con echar un vistazo para hacerse una idea de la demanda: las mascarillas quirúrgicas se encuentran más o menos al mismo precio que en farmacia, el problema está en las FFP2 y las FFP3, las mascarillas de filtración que utilizan los sanitarios. Esas pueden llegar a costar hasta 10€ la unidad.

La pregunta del millón ahora es cuál debería comprar el ciudadano de a pie: ¿mascarillas quirúgicas o filtrantes (FFP2 y FFP3)? Las primeras son las que se utilizan en cirugías (de ahí su nombre) y “protegen más al resto de personas que a quien la lleva puesta, pues supone una barrera al estornudar o al toser para evitar la emisión de gotículas”, según detalla un informe técnico del Consejo General de Colegios farmacéuticos.

Las mascarillas filtrantes, no obstante, tienen un nivel de protección mayor porque cuentan con “un filtro de micropartículas con el que protegen al usuario de la inhalación de contaminantes, como pueden ser los patógenos”. Tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad defienden el uso de estas últimas solo para los sanitarios, al igual que López-Casero: “Para la propia población, la quirúrgica es más que suficiente”.

¿Quién debe usarlas?

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejaba utilizar mascarillas a personas con tos o estornudos, personas con síntomas de coronavirus (tos, fiebre, falta de aire) y a los cuidadores de los infectados. La OMS, sin embargo, ha modificado su criterio en las últimas horas. Ahora sostiene que su uso generalizado podría ser recomendable para frenar la epidemia. Este cambio de parecer también se ha producido en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sanidad estudia desde hace días recomendar su utilización. Sanidad aseguró este domingo que, en cualquier caso, no exigirá nada “que no se pueda cumplir”.

¿En qué se diferencian y cuál debo comprar?

Existen varios tipos: la quirúrgica y las filtrantes (FFP1, FFP2 y FFP3). La primera, según un estudio técnico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, “protege de dentro a fuera, de manera que no son efectivas para prevenir contagios, pues su finalidad es evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que la lleva”.

Las segundas, sin embargo, tienen un nivel de protección mayor gracias al filtro de micropartículas con el que protege “de fuera hacia dentro”. Su filtración es superior en el caso de la FFP3 (98%) que en el de la FFP2 (92%). Estas mascarillas pueden tener también una válvula de exhalación para reducir la humedad dentro de la mascarilla. El Gobierno, de momento, se las recomienda solo a los sanitarios.

¿Cómo ponerlas y quitarlas correctamente?

El uso de mascarilla es ineficaz si la ponemos o quitamos de manera errónea, de ahí que Sanidad haya emitido un documento en el que explica paso a paso cómo llevar a cabo este proceso de manera correcta. Lo primero, lávate las manos antes de cogerla, es fundamental descontaminar las zonas que estarán en contacto con ella. A continuación, cubre la boca y la nariz. Después, evita tocarla mientras la llevas puesta. Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no la reutilices.

La OMS, además, añade lo siguiente: “Quítese la mascarilla por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón”.

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